Un proceso electoral en una democracia truncada

Compartimos con ustedes nuestro posicionamiento sobre el recién finalizado evento electoral en el país, así como los desafíos que el nuevo gobierno y la sociedad dominicana tienen por delante.

Este posicionamiento fue parte de nuestro acostumbrado Análisis de Coyuntura, titulado: “Después de las Elecciones ¿Cómo queda la democracia, cuáles son sus retos?

El recién finalizado proceso electoral, con marcados rasgos clientelistas, pone en evidencia el fracaso del gobierno en garantizar el “Estado social y democrático de derecho” consagrado por la última reforma constitucional que él mismo lideró.

El alto dispendio de la campaña, sobre todo desde el oficialismo, es otro síntoma de la creciente desigualdad que ha engendrado el modelo de desarrollo excluyente que nos ha regido en los últimos años, centrado en la ideología del progreso y en el crecimiento económico inequitativo.

Las sumas derrochadas en la campaña pueden ser tomadas como un signo de dinero acumulado sin mucho dolor. Quedan cuestionamientos sobre el origen de los fondos con que se financian los partidos. Resulta indignante que aún sea posible comprar el voto de los pobres, a través de la retención temporal de sus cédulas de identidad o de promesas de tarjetas de subsidios focalizados, que están llamados a desaparecer, no a aumentar. La vida democrática ha sido afectada en este proceso electoral porque se ha vulnerado la libertad de los más débiles. Las distintas modalidades de compra del voto restriegan la pobreza en la cara de las bases ciudadanas y alimentan la reproducción patrimonialista del poder.

El modelo de creciente desigualdad y acumulación que nos domina se reflejó también en la asignación de ingresos entre los diferentes contendores. Los dos partidos mayoritarios concentraron el 95% de los fondos públicos asignados por ley, en detrimento de los partidos emergentes. Esto fue posible a la postergación voluntaria del conocimiento de la ley de partidos y de la reforma de la ley electoral.

Asimismo, puede cuestionarse cómo queda parado un Estado garante de derechos para todos y todas cuando trunca las oportunidades de una franja de dominicanos y dominicanas nacidos en el país, a quienes se negaron sus derechos civiles y políticos. Queremos recordar una vez más que tras un levantamiento realizado por el Centro Bonó en 2011 sobre la Resolución 12 de la Junta Central Electoral en los municipios de Monte Plata y San Pedro de Macorís, se comprobó cómo se está afectando la vida de miles de dominicanos/as de padre y o madre haitiano/a que han sido colocados en un limbo legal. Más de la mitad de ellos está en edad de votar y no pudieron hacerlo por no contar con la documentación oficial a la que tienen derecho.

De sacar una conclusión inicial del pasado proceso electoral, tendría que decirse lo siguiente: las elecciones han reforzado el esquema de exclusión del modelo de desarrollo por el que han optado nuestros gobiernos desde los años 90.

Ante este escenario, que puede resultar desalentador, nos preguntamos sobre las tareas democráticas pendientes. El mero hecho de que casi dos millones de dominicanos y dominicanas – la tercera parte del electorado – decidieran no hacer efectivo su voto, es tan solo una muestra de la debilidad y la deficiente credibilidad del sistema democrático dominicano. También puede tomarse como indicador el dato de que casi dos de cada tres dominicanos inscritos en el padrón electoral no votaran por la fórmula ganadora.

El nuevo gobierno que asumirá el poder el próximo 16 de agosto tiene como desafío inmediato ganar la legitimidad perdida en el proceso electoral, por la forma clientelista en que se desempeñó en el proceso eleccionario.

Una primera tarea que queda para la ciudadanía es forzar la erogación de una Ley de Partidos, pendiente hace ya más de una década. La falta de regulación legal ha convertido el certamen electoral en un proceso permisivo, excluyente y desigual. Esta tarea de producción legal no puede quedar solo en las manos de los partidos; debe ser compromiso de todo el movimiento social dominicano, que debe articularse para lograr objetivos dignificantes en este sentido.

El nuevo gobierno está abocado a una transformación sustancial en su política de gastos, para no seguir reforzando el clientelismo que utilizó en la campaña. Se han de priorizar políticas sociales universales e inclusivas, evitando programas asistenciales. Las reformas en la gestión y destino del gasto público de calidad en asuntos sociales son urgentes. El 80% de las familias dominicanas padece algún tipo de vulnerabilidad.

De estas, un 39% se ven afectadas por vulnerabilidad extrema. Según el Monitor Social de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), la vulnerabilidad se agrava en territorios excluidos, como las provincias de Pedernales, Elías Piña y Dajabón. En estas zonas, la lejanía de los grandes centros urbanos que concentran la inversión pública suntuosa, como el gasto desproporcionado en el Metro de Santo Domingo, aumenta la carencia de ofertas de servicios. Se puede afirmar que territorios tan excluidos en el plano social también están excluidos de la vida democrática.

La garantía de una vida digna a los inmigrantes que habitan el suelo dominicano constituye otro desafío fundamental del nuevo gobierno. Deben establecerse reglas claras de empleo y estatuto migratorio, para que la población inmigrante vea garantizados sus derechos. Una plataforma que se deberá de reforzar es la Comisión Mixta Bilateral.

La democracia es el gobierno del pueblo, no de los partidos que acumulan riquezas a expensas de los impuestos que recauda el Estado o de relaciones con grandes capitales cuyos orígenes no se transparentan. Solo con la participación en la sociedad de todos y todas las que habitan el suelo dominicano, la democracia será una realidad. Con este objetivo en mente, hace falta dignificar la calidad de vida de las mayorías empobrecidas de nuestro territorio, para que no se vean nuevamente forzadas a vender su voto o sencillamente excluidas de la contienda electoral.

5 junio 2012 |

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