Centro Bonó dice que a nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad

Santo Domingo, 2 de septiembre de 2017. – En el Análisis de Coyuntura celebrado este sábado en el Centro Bonó, donde participaron representantes de diferentes instituciones y organizaciones sociales, se analizó la situación de miles de dominicanos y dominicanas a los cuales la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional negó su derecho a la nacionalidad impidiéndoles ejercer sus libertades civiles y políticas en el país.

Hace 4 años el Tribunal Constitucional de República Dominicana desconoció el fundamento de la Constitución: el respeto a la dignidad humana (art. 5), y desvinculó al Estado de su función esencial de proteger efectivamente los derechos de la persona (art. 8). La sentencia 168-13 en esencia confirió una estructura legal a las acciones administrativas que desde la Junta Central Electoral se venían ejecutando desde antes del 2007. Criterios como la ubicación geográfica, el color de la piel y apellidos cuya sonoridad evidenciaran origen extranjero fueron utilizados por esta instancia para estampar el sello “suspendido temporalmente” en actas de nacimiento de dominicanos y dominicanas. En tiempos donde la lucha por el respeto a los derechos humanos se ha convertido en un baluarte, esta sentencia hizo que los ojos del mundo se posaran en la República Dominicana por la situación de extrema gravedad a la que se sometía a miles de dominicanos y dominicanas.

Como se observó durante el Análisis de Coyuntura, cuatro años después siguen vigentes los efectos negativos de una sentencia que trató de borrar la historia, la vida y la dignidad de miles de dominicanos y dominicanas. En la actualidad sólo 12,098 personas han recuperado sus actas de nacimiento y cédulas de identidad, de las 55,000 que auditó la Junta Central Electoral. Así mismo, de las 78,770 personas nacidas en República Dominicana antes del 18 de abril de 2007 que pudieron haberse acogido a la Ley 169-14, que pretendía ser una solución definitiva a miles de dominicanos y dominicanas que no tenían acceso al registro civil que les correspondía, sólo 8,755 personas se inscribieron, lo que nos hace constatar el fracaso rotundo de dicha Ley. Los servicios de mala calidad, la falta de información, la implementación discrecional, así como una estrategia de bloqueo redujeron las posibilidades de los destinatarios de acceder con éxito al proceso marcado por la Ley 169-14.

La historia de los dominicanos y dominicanas afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, que desnacionalizó y negó el acceso a sus documentos de identidad a 133,770 personas, es un llamado a no dejar que se vulnere la democracia y la legalidad en República Dominicana, y es una muestra de resistencia de miles de dominicanos y dominicanas que defienden su patria y su nacionalidad contra el intento de despojarlos arbitrariamente de ese derecho fundamental. En palabras de Pedro Cano, vocero del Centro Bonó, “el Estado debe de buscar soluciones integrales para la reparación definitiva del daño causado, por una cuestión de justicia social y de resarcimiento moral, que les permita a estos dominicanos y dominicanas retomar sus vidas conforme al derecho y recuperar lo que es suyo, lo que se les había privado”.

3 septiembre 2017 |

Migrantes venezolanos piden al gobierno dominicano alternativas viables para regularizarse

Este lunes un grupo de migrantes que conforman el voluntariado de la diáspora venezolana en la República Dominicana, hicieron un llamado al Gobierno dominicano, para evaluar alternativas viables, realistas y solidarias para los venezolanos en situación migratoria irregular, que deseen establecerse de manera formal en el país.

Durante la lectura de una “Carta Abierta” expresaron su agradecimiento a la sociedad dominicana por el amable y solidario recibimiento que les han dado: “La mayor parte de los venezolanos que hemos llegado al país, venimos con deseo de aportar al desarrollo de esta hermosa tierra. Cuenten con nuestro compromiso de ser una comunidad creativa, emprendedora y que lucha con ustedes día a día para que la República Dominicana sea un mejor país” cita el texto.

Durante la lectura del comunicado explican que esta migración proviene de la mayor crisis económica, política y social que ha vivido su país; “hemos salido de Venezuela en masas sin ser un país con historial y cultura migratoria; la crisis alimentaria y los altos niveles de escasez de alimentos que superan el 80%, la crisis de salud donde 8 de cada 10 medicinas no se encuentran en el mercado, incidiendo en el aumento de la mortalidad infantil en 30% y materna en 69%, una inflación oficial del 700% y un salario mínimo que apenas representa el 20% de la Canasta Básica.

“La ingobernabilidad en Venezuela afecta las condiciones normales de evolución de la vida y el desarrollo de nosotros como ciudadanos”, destaca la misiva pública. Según cifras del Banco Mundial, alrededor de 19 mil venezolanos han elegido a la República Dominicana como destino para refugiarse de la devastadora crisis que afecta Venezuela; por los fuertes lazos históricos y culturales que los hermanan. Familias dominicanas también han solicitado apoyo al gobierno para retornar voluntariamente y otorgar la ciudadanía dominicana a sus familiares nacidos en Venezuela.

“Todas las condiciones políticas, económicas y sociales de nuestro país nos convierten en ciudadanos calificados para el estatus de ‘refugio’, según lo establece el Estatuto de la Convención de Ginebra sobre refugiados. Queremos exponer nuestro firme deseo de regularizar nuestra situación migratoria, y muy respetuosamente extendemos un llamado al estado dominicano para evaluar alternativas viables, realistas y solidarias para los venezolanos en situación migratoria irregular, que deseen establecerse de manera formal en el país”, agrega el texto.

Resaltaron que otros Estados de la región ya han implementado mecanismos de regularización por razones humanitarias incluyendo iniciativas como el Permiso Temporal de Permanencia. “Nuestra condición de refugiado, exiliado o migración voluntaria no es más que la aspiración legítima de una vida en armonía, progreso y convivencia pacífica. Como Diáspora Venezolana en proceso de conformación, deseamos complementar el trabajo que ya realizan otras organizaciones pioneras en el país en el esfuerzo de convocar y organizar a los paisanos en la República Dominicana. La razón de ser de la Diáspora Venezolana es acompañar a la población migrante en su proceso de adaptación, reconocimiento y plena integración a la sociedad dominicana”, señala la misiva.

AQUÍ EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA:

CARTA ABIERTA A LA REPUBLICA DOMINICANA

Nosotros, ciudadanos migrantes que conformamos la diáspora venezolana en la República Dominicana, nos dirigimos respetuosamente a las instituciones del Estado, organizaciones multilaterales y no gubernamentales que defienden los derechos humanos, a la opinión pública en general y en especial a nuestros hermanos dominicanos; con el propósito de sensibilizar sobre nuestra situación como extranjeros en la patria de Duarte, Sánchez y Mella.

Ante todo agradecemos a la sociedad dominicana su amable y solidario recibimiento. Queremos expresar que hemos llegado a este país con deseo de aportar al desarrollo económico y social de esta hermosa tierra.

Considerando que nuestra migración es consecuencia de la mayor crisis económica, política y social en la historia contemporánea de Venezuela; hemos decidido por primera vez optar por la migración y buscar nuevos horizontes para huir de las calamidades que nos azotan.

  1. Inseguridad: En la actualidad 92 de cada 100 mil habitantes fallecen en manos del hampa. Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, en los últimos 18 años han ocurrido más de 270 mil homicidios. Entre el ranking de las 10 ciudades más peligrosas de América, cuatro están en Venezuela, según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
  2. Crisis Alimentaria: los niveles de escasez de alimentos superan el 80%, el 25% de la población infantil sufre desnutrición aguda y el 28% está en riesgo de padecerla, según la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
  3. Crisis de Salud: La Federación Farmacéutica Venezolana ha informado que 8 de cada 10 medicinas no se encuentran en el mercado, incidiendo en el aumento de la mortalidad infantil en 30% y materna en 69%.
  4. Crisis Económica: enfrentando una inflación oficial del 700% y un salario mínimo que apenas representa el 20% de la Canasta Básica.
  5. Conflicto Político: Existen evidentes violaciones a los derechos humanos más elementales, persecución política, detenciones y allanamientos a residencias familiares sin orden judicial, desacatos de liberación por orden judicial y civiles juzgados en tribunales militares. Amnistía Internacional (2017) concluye: “…el uso abusivo y arbitrario del derecho penal como mecanismo para detener y procesar personas que tienen opiniones críticas a las políticas adoptadas por el gobierno venezolano”.

La ingobernabilidad afecta las condiciones normales de evolución de la vida y el desarrollo del país. Según cifras del Banco Mundial, alrededor de 19 mil venezolanos han elegido a la República Dominicana como destino, por los fuertes lazos históricos y culturales que nos hermanan. Familias dominicanas han solicitado apoyo al gobierno para retornar voluntariamente y otorgar la ciudadanía a sus familiares nacidos en Venezuela.

Todas las condiciones políticas, económicas y sociales antes expuestas nos convierten en ciudadanos calificados para el estatus de “refugio”, según lo establece el Estatuto de la Convención de Ginebra sobre refugiados. Queremos exponer nuestro firme deseo de regularizar nuestra situación migratoria, y muy respetuosamente extendemos un llamado al estado dominicano para evaluar alternativas viables, realistas y solidarias para la inmensa cantidad de venezolanos en situación migratoria irregular, que deseen establecerse de manera formal en el país, y que otros Estados de la región ya han implementado por razones humanitarias, incluyendo iniciativas como el Permiso Temporal de Permanencia y/o la “ventanilla única” que permita hacer los trámites de visado y residencia en República Dominicana, sin necesidad de ir a Venezuela.

Nuestra condición de refugiado, exiliado o migración voluntaria no es más que la aspiración legítima de una vida en armonía, progreso y convivencia pacífica.

Como Diáspora Venezolana en proceso de conformación, deseamos complementar el trabajo que ya realizan otras organizaciones pioneras en el país en el esfuerzo de convocar y organizar a los paisanos en la República Dominicana. La razón de ser de la Diáspora Venezolana es acompañar a la población migrante en su proceso de adaptación, reconocimiento y plena integración a la sociedad dominicana.

Finalmente, nos comprometemos a ser una comunidad creativa y emprendedora que luche de la mano con el pueblo para que la República Dominicana sea un mejor país.

Muchas gracias.

8 agosto 2017 |

Centro Bonó exige mayor coherencia entre la ejecución financiera y el gasto en los programas sociales priorizados

Santo Domingo, 7 agosto 2017. El Centro Bonó, en su acostumbrado análisis de coyuntura de cada mes, el pasado sábado analizó la ejecución presupuestaria de medio término, y reconoció que en el periodo enero-junio 2017 hubo avances en la recaudación tributaria correspondiente a dicho periodo, a la vez que expresó preocupación por la persistencia de grandes brechas entre la ejecución financiera y la realización física de las actividades, productos y servicios presupuestados; motivo por el cual demanda del Gobierno Central mayor compromiso y coherencia con la ejecución del gasto en los programas sociales priorizados, muchos de los cuales se encuentran con muy bajos niveles de ejecución.

Roque Féliz, vocero del Bonó, exigió que las autoridades pongan mayor empeño en mejorar la calidad del gasto social, pues en el Informe de medio término nueva vez se pone de manifiesto la ejecución rezagada de los bienes y servicios presupuestados.

Al respecto, el vocero indicó: “Más allá de la ejecución financiera debemos prestar atención a la ejecución física del presupuesto, especialmente de los programas sociales priorizados. De 37 programas priorizados en el 2017 más de la mitad están sub ejecutados y cerca de un tercio tienen una ejecución pírrica. Tal es el caso del programa de salud materna infantil con un presupuesto aprobado de RD$100 millones y con una ejecución de apenas 300 mil pesos en el semestre. Lo mismo pasa con los programas de prevención y control de enfermedades crónicas, de vigilancia epidemiológica, de control de tuberculosis, y de salud mental, todos sub ejecutados. Lo que más indignación provoca es lo que ocurre con el programa de reducción de la pobreza extrema, el cual tiene RD$200 millones presupuestados y apenas ha gastado 100 mil pesos en el semestre.”

Estas declaraciones son ofrecidas a partir del análisis de coyuntura que el Centro Bonó realiza el primer sábado de cada mes. En esta ocasión, el análisis tuvo como invitados a José Rijo Presbot y a Rafael Jovine, expertos en análisis financiero y presupuestario, respectivamente.

Rijo Presbot analizó la ejecución presupuestaria, resaltando que en el primer semestre el déficit presupuestario fue de RD$19 mil millones, equivalente al 0.5% del PIB y menor que la proyección presupuestada. Los ingresos fiscales del período fueron de RD$273 mil millones, ligeramente mayor a proyectado, y el total del gastos devengados fue de RD$292 mil millones.

“Pero lo que más llama la atención en la ejecución presupuestaria del primer semestre, es que, a pesar de este nivel de déficit, al 30 de junio la deuda flotante alcanza un monto de RD$37 mil millones, es decir, más del 1% del PIB; y que por otro lado, de un total de 2,644 actividades presupuestadas, el 53%, o sea 1,414 actividades, no registran ni un peso de ejecución en los primeros 6 meses,” indicó Rijo.

Comparado con la ejecución de igual período en 2016, este año los gastos corrientes se incrementaron en 4%, mientras que los gastos de capital cayeron en 1%; siendo significativa la reducción en la inversión real directa con un 12% menos, mientras que las transferencias de capital aumentaron un 16%. “Éste incremento se debe a los RD$11 mil 482 millones transferidos a la CDEEE para el pago a Odebrecht y sus asociados en Punta Catalina”.

Rafael Jovine señaló que aunque la ejecución financiera es considerablemente alta en la mayoría de las instituciones, los reportes de ejecución física indican pobres desempeños en la producción de bienes y servicios. Este expresó que “el 80 % de las instituciones principales del gobierno central, incluyendo poderes del Estado y ministerios, presentan atrasos importantes en la producción de bienes y servicios a la población.”

En efecto, en el año 2016, mientras la ejecución financiera rondó el 94%, la ejecución física fue tan solo del 53%. En lo que va del año 2017, apenas se reporta una ejecución de bienes y servicios públicos en 3 de los 22 ministerios, quedando pendiente el resto de la administración pública.

En la actividad participaron decenas de organizaciones de base comunitaria, líderes de base y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos humanos, económicos y sociales, y de los movimientos cívicos que luchan por la transparencia y por el fin de la corrupción y la impunidad.

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Con relación al mismo periodo de 2016, los impuestos se incrementaron en un 12%, pasando de RD$225 mil millones a RD$252 mil millones. A la cabeza de éstos la mayor aportación la hacen nuevamente los impuestos indirectos, el ITBIS con un 33% del total y los Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) con un 19%, le siguen el Impuesto sobre la Renta (ISR) un 20% del ISR de las empresas y un 9% del ISR de las personas físicas.

Asimismo, también crecieron las fuentes financieras y el pago de capital de la deuda pública. Las fuentes de financiamiento alcanzaron a RD$150 mil millones. Y el pago de capital de la deuda del sector público no financiero (SPNF) llegó a RD$48 mil millones en el período, lo que representa un 59% de la ejecución presupuestada para el año. Para el servicio de la deuda en el semestre han sido amortizados RD$104 mil millones de pesos, equivalente al 40% de los impuestos recaudados, al 31% del total general de gastos y al 2.9% del PIB.

“Con este ritmo de endeudamiento y servicio de la deuda pública el crecimiento de largo plazo es frágil e insostenible. Por eso, fiscalmente urge que el país concerté un pacto fiscal y una ley de responsabilidad fiscal que establezcan reglas fiscales razonables, equitativas y transparentes. Asimismo debe adoptar políticas comerciales sensatas, que reduzcan las importaciones innecesarias y promuevan con eficacia las exportaciones de bienes, principalmente de aquéllos con alto valor agregado”, indicó Féliz.

“En este contexto, vuelve hacerse necesario plantear la necesidad de una reforma fiscal integral, una que se armonice con las metas de desarrollo económico y social que el país se ha planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, para lo cual el gobierno tiene que recuperar la confianza fiscal que ha perdido por la falta de transparencia en el gasto, por la corrupción que permea una parte importante de la administración pública. No son convenientes ni oportunos los parches tributarios que se han venido proponiendo, como ocurrió recientemente con el impuesto a los usuarios de servicios de datas y telefonía para financiar el 911 o el propuesto para desincentivar el consumo de bebidas gaseosas. Urge un compromiso responsable para replantear los desafíos de un pacto fiscal más equitativo, razonable y justo”, indicó el vocero del Bonó.

7 agosto 2017 |