Centros Sociales Jesuitas repudian agresión contra Noemí Méndez, defensora de derechos humanos

Santiago. 13 diciembre 2016. La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús rechaza la infame agresión de la que fue víctima en el día de ayer la defensora de derechos humanos, Dra. Noemí Méndez. Su oficina de abogada en San Pedro de Macorís fue violentada por desaprensivos, cuya identidad y motivación debe ser investigada por las autoridades y los responsables sometidos a la acción de la justicia.

Este hecho se suma a un escalamiento de la intolerancia contra el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en el país; generalmente es propio de quienes buscan intimidar a las y los defensores, en especial a mujeres que como la abogada Noemí Méndez son un testimonio vivo de compromiso con los grupos más vulnerables y empobrecidos de la sociedad dominicana, como son las trabajadoras y trabajadores cañeros y los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

“Para nosotros, Noemí es ejemplo de dignidad, testimonio y compromiso con los más vulnerables en el ejercicio del derecho”, señaló el Padre Mario Serrano, Director General de los Centros Sociales.

Benigno Toribio, coordinador de incidencia en derechos humanos, indicó que la denuncia sobre la agresión contra la Dra. Méndez debe ser investigada hasta su total esclarecimiento. Este es un hecho repudiable y preocupante, y el Estado debe identificar a sus autores y someterlos a acción de la justicia.

“El Estado debe proteger a los defensores de derechos humanos, y por eso exigimos garantizar la protección de nuestra colega Noemí. Es hora de que las autoridades dejen de hacerse pasar por ignorantes que desconocen que en el país se cometen agresiones contra las y los defensores”, tal y como fue presentado en el 159º Período de Sesiones de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, el pasado 6 de diciembre en Ciudad de Panamá.

13 diciembre 2016 |

Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús presenta informe sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana durante el año 2016

La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana, compuesta por el Centro Bonó, Solidaridad Fronteriza, el Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) y el Servicio Jesuita a Migrante en Jimaní, pusieron en circulación el pasado sábado 10 de diciembre un informe nacional sobre la situación de los derechos humanos durante el año 2016, con motivo de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, declarado así en el año 1948 por las Naciones Unidas al firmar en esta fecha la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El informe fue presentado en las instalaciones del Centro Bonó, con la participación de personalidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la prensa. El mismo fue presentado por Benigno Toribio de Solidaridad Fronteriza, Roque Feliz del Centro Bonó y Pedro Cano de Servicio Jesuita a Migrantes en Jimaní. Entre los temas abordados por éstos y que conforman el  informe estuvieron: los Derechos de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en la República Dominicana; los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, haciendo éstos énfasis en la situación de la salud en el país; la Situación de los Trabajadores Migrantes en la República Dominicana; la Situación de la Niñez, haciendo énfasis en la situación de las zonas más apartadas y fronterizas; y el Medio Ambiente como un Derecho Humano.

El objetivo principal de este informe, además de dar a conocer la situación de los derechos humanos en el país, fue hacer un llamado de atención al Estado Dominicano para que ponga mayor atención en temas como la consagración de los derechos de todas las personas, la situación de la salud, la atención a la zona fronteriza como manda nuestra Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo, una mayor supervisión a los recursos que tiene el Ministerio de Educación derivado del 4%, la revisión y reestructuración de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.

Al mismo tiempo, Benigno Toribio, quien es Encargado Nacional de Incidencia y Derechos Humanos de las entidades que realizaron el informe, llamó la atención del Gobierno de no haber puesto en circulación ni dar a conocer el Plan Nacional de Derechos Humanos, elaborado junto a organizaciones e instituciones de la sociedad civil, lo que demuestra el poco avance que tenemos en dicha materia en la República Dominicana.

12 diciembre 2016 |

La reforma a la Ley de Seguridad Social, una oportunidad para trasformar el secuestro y las deficiencias de la seguridad social

Santo Domingo, 3 de diciembre de 2016. Organizaciones sociales y comunitarias consideran que el proyecto de reforma a la ley de seguridad social constituye una oportunidad para que la ciudadanía exija su derecho a una seguridad social más equitativa, eficiente y justa, que supere los inconvenientes que ha generado el secuestro económico e institucional del sistema dominicano de seguridad social, de parte de algunas corporaciones.

Desde hace años, diversos sectores nacionales han vendido solicitando la actualización de la referida Ley debido a que la misma ha hecho evidente sus aportes y sus limitaciones para cumplir con sus objetivos y principios.

La  modificación sometida a la Ley 87-01 es una oportunidad para que los legisladores cumplan con el deber de adecuar este importante instrumento de inclusión y mayor patrimonio social a la Constitución de la República, modificada en el 2010 la cual está “fundamentada en el respeto a la dignidad humana”, lo que debe implicar cambios progresivos coherentes con ” la protección efectiva de 1os derechos de la persona y el respeto de su dignidad” como parte de la función esencial del Estado dominicano.

Pepe Castro, en nombre de las organizaciones sociales y comunitarias que se congregaron en el Centro Bonó para analizar dichas reformas, declaró que como ciudanía organizada ejercerán el derecho que les confiere la Constitución de someter propuestas y peticiones que sean necesarias para que las modificaciones introducidas se correspondan con la creación de una ley que efectivamente garantice el derecho a la salud y la seguridad social para toda la población.

Organizaciones, redes y movimientos sociales de base comunitaria, como Foro Ciudadano, INSALUD, Foro Feminista Magaly Pineda, Poder Ciudadano, ASONAEN, Centro Bonó y ACOPRO, entre otros,  se congregaron en este encuentro para analizar el proyecto de reforma de la ley 87-01, y expresaron la voluntad de iniciar un proceso de unión de voluntades para presentar propuestas y aportes de base comunitaria que permitan mejorar el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Francisca Peguero y Roque Féliz, integrantes del Encuentro, indicaron que estarán analizando la importancia de mejorar la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la conveniencia de fortalecer la equidad del SDSS y mejorar el desempeño de la Superintendencia de Salud y Riegos Laborales, la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, de manera que cada uno de estos pueda cumplir efectivamente con el rol que la Ley les otorga pudiendo hacer cumplir sus decisiones.

“Propondremos las mejoras que requieren el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Salud y Riegos Laborales y el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, para que respondan a las necesidades y riesgos de los y las afiliadas” señaló Gabino Hernández, de Foro Ciudadano. En el caso de las pensiones es necesario garantizar los logros actuales y avanzar a un modelo más justo e inclusivo, comentó.

Las agrupaciones sociales analizan el tema de la Sostenibilidad Financiera del SDSS, y estarán abordando el tema de la Estrategia de Atención Primaria. Reconocen que es importante concertar con los sectores envueltos en el sistema para que se cumpla con el primer nivel atención como puerta de entrada que haga más sostenible el sistema y que sea más económico para el gasto de bolsillo de los usuarios. Igualmente harán propuesta para que se adopten las medidas que sean necesarias para reducir al mínimo las prácticas de elusión y evasión del pago a la TSS, con lo que se afecta la sostenibilidad del sistema.

Las organizaciones sociales entienden que, dado el carácter social del SDSS, se debe establecer un tope racional no lucrativo a las ganancias de las AFP y las ARS como medida de sostenibilidad financiera. De la misma manera se deben buscar salidas al tema del abuso en indicaciones diagnosticas sin control, puesto que esto podría afectar la costo-efectividad del sistema.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Encuentro de Organizaciones Sociales para reflexionar sobre el proyecto de reforma de la ley de seguridad social, y tuvo lugar en el marco del análisis de coyuntura que el Centro Bonó celebra los primeros sábados de cada mes. Esta vez contó con la participación de Pepe Castro de INSALUD, Gabino Hernández de Foro Ciudadano, Francisca Peguero de ASONAEN y representantes de Poder Ciudadano y del Foro Feminista.

4 diciembre 2016 |

Organizaciones Solicitan al Estado Diálogo de Alto Nivel para Garantizar los Derechos Humanos

Las organizaciones y personas abajo firmantes anuncian a la comunidad nacional e internacional, que el próximo martes 6 de diciembre, una delegación de nuestra entidades se presentará una vez más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la esperanza de seguir el dialogo internacional con las autoridades del Estado dominicano, ante el indicado órgano del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

En esta ocasión queremos compartir informaciones y exponer hechos en que fundamenta nuestras preocupaciones e inquietudes respecto de los Derechos Humanos en la República Dominicana.

Como es de conocimientos publico nacional e internacional la sentencia 0168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, pronuncio la desnacionalización de más de 200 mil personas de ascendencia haitiana, creando una negativa situación de derechos humanos para la República Dominicana. Queremos destacar que a tres años de este triste acontecimiento ya pesar de los esfuerzos encaminados por autoridades ejecutivas de la nación, es poco lo que se ha avanzado en la solución del problema.

La Ley 169-14, adoptada por el Estado dominicano reporta un pobre impacto en la solución del problema planteado, debido a que las autoridades que fueron encargados de su aplicación no se enfocaron en una real solución final. En la actualidad no parece ser una preocupación de las autoridades.

Adicional a lo anterior, nuestras organizaciones aprecian un notable deterioro respecto a las garantías debidas por el Estado al trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. De manera específica, notamos que desde el año 2009, con la desaparición del activista Juan Almonte, sumado al antecedente de la desgraciada desaparición del profesor narciso Gonzales y otros hechos lamentables, que aun esperan ser investigados y sancionados por las autoridades dominicanas.

En la actualidad, hemos llegado a agresiones físicas directas y a llamados públicos a matar y acosos permanentes en contra de defensores/as de derechos humanos. Comentarios servidos en las redes sociales en ese sentido son persistentes, sin que los autores hayan recibidos reprimenda alguna de parte de las autoridades.

Los acosos y descalificaciones recibidos por periodistas, ambientalistas, militantes por los derechos de la comunidad LGBTI, los que promueven derechos sexual y reproductivos seguros, los que luchan por la despenalización absoluta del aborto, y entre otras personas que hacen advogacias a favor del respeto de los derechos fundamentales de grupos marginado, evidencian la gravedad de la situación actual de los/as defensoras y defensores de derechos humanos.

Para nuestras entidades, las vías más expeditas para garantizar el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos, que el Estado dominicano, se sienta con las personas interesadas y juntas se diseñen medidas de protección. Por lo que consideramos hay que dialogar.

Organizaciones que firman: Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas Inc. (MUDHA), Movimiento Reconoci.do (RECONOCIDO), Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos Inc. (MOSTHA), Comisión Nacional de Derechos Humanos Inc. (CNDH), Fundación Derechos Vigente (FDV), Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), Centro Pedro Francisco Bonó Inc. (BONO) Centro Cultural Dominico- Haitiano Inc. (CCDH) , Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA)

2 diciembre 2016 |