Organizaciones Solicitan al Estado Diálogo de Alto Nivel para Garantizar los Derechos Humanos

Las organizaciones y personas abajo firmantes anuncian a la comunidad nacional e internacional, que el próximo martes 6 de diciembre, una delegación de nuestra entidades se presentará una vez más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la esperanza de seguir el dialogo internacional con las autoridades del Estado dominicano, ante el indicado órgano del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

En esta ocasión queremos compartir informaciones y exponer hechos en que fundamenta nuestras preocupaciones e inquietudes respecto de los Derechos Humanos en la República Dominicana.

Como es de conocimientos publico nacional e internacional la sentencia 0168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, pronuncio la desnacionalización de más de 200 mil personas de ascendencia haitiana, creando una negativa situación de derechos humanos para la República Dominicana. Queremos destacar que a tres años de este triste acontecimiento ya pesar de los esfuerzos encaminados por autoridades ejecutivas de la nación, es poco lo que se ha avanzado en la solución del problema.

La Ley 169-14, adoptada por el Estado dominicano reporta un pobre impacto en la solución del problema planteado, debido a que las autoridades que fueron encargados de su aplicación no se enfocaron en una real solución final. En la actualidad no parece ser una preocupación de las autoridades.

Adicional a lo anterior, nuestras organizaciones aprecian un notable deterioro respecto a las garantías debidas por el Estado al trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. De manera específica, notamos que desde el año 2009, con la desaparición del activista Juan Almonte, sumado al antecedente de la desgraciada desaparición del profesor narciso Gonzales y otros hechos lamentables, que aun esperan ser investigados y sancionados por las autoridades dominicanas.

En la actualidad, hemos llegado a agresiones físicas directas y a llamados públicos a matar y acosos permanentes en contra de defensores/as de derechos humanos. Comentarios servidos en las redes sociales en ese sentido son persistentes, sin que los autores hayan recibidos reprimenda alguna de parte de las autoridades.

Los acosos y descalificaciones recibidos por periodistas, ambientalistas, militantes por los derechos de la comunidad LGBTI, los que promueven derechos sexual y reproductivos seguros, los que luchan por la despenalización absoluta del aborto, y entre otras personas que hacen advogacias a favor del respeto de los derechos fundamentales de grupos marginado, evidencian la gravedad de la situación actual de los/as defensoras y defensores de derechos humanos.

Para nuestras entidades, las vías más expeditas para garantizar el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos, que el Estado dominicano, se sienta con las personas interesadas y juntas se diseñen medidas de protección. Por lo que consideramos hay que dialogar.

Organizaciones que firman: Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas Inc. (MUDHA), Movimiento Reconoci.do (RECONOCIDO), Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos Inc. (MOSTHA), Comisión Nacional de Derechos Humanos Inc. (CNDH), Fundación Derechos Vigente (FDV), Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), Centro Pedro Francisco Bonó Inc. (BONO) Centro Cultural Dominico- Haitiano Inc. (CCDH) , Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA)

2 diciembre 2016 |

Ante la inminente elección de la JCE

Celebramos que haya comenzado a producirse un consenso sobre las personas que deben integrar la Junta Central Electoral (JCE) y el aplazamiento de la elección por otra semana, por cuanto implica que todavía estamos a tiempo para  materializar nuestra demanda fundamental de un diálogo político-social fructífero para renovar no sólo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas  sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas.

El Senado de la República se apresta a ejercer su facultad constitucional de elegir a los nuevos miembros de la Junta Central  Electoral (JCE), partiendo de algún consenso, pero todavía con ingredientes de reparto partidista que podría restar legitimidad a la nueva composición del organismo, y dejar insatisfacciones que  prolongarían la confrontación política.

Más allá de las ternas presentadas por la comisión senatorial que evaluó a más de doscientos aspirantes a integrar la JCE, se baraja públicamente una nómina de cinco posibles titulares, sobre dos de los cuales parece haber consenso:  Julio César Castaños Guzmán para presidente, y Roberto Saladín.  Aunque el primero no fue presentado a la comisión evaluadora, reúne el perfil adecuado, avalado por su larga carrera pública y los 8 años en que fue titular del mismo organismo, los últimos cuatro como presidente. Carmen Imbert Brugal también parece reunir el perfil deseado, reconociéndosele integridad y capacidad.

Nos preocupa que los otros dos que completarían los titulares, de acuerdo a la nómina extraoficial publicada, tengan claras vinculaciones partidarias, y antecedentes de fuertes cuestionamientos en funciones públicas. Es el caso de Henry Mejía y Freddy Bolívar Almonte quienes, siendo miembros de la Cámara de Cuentas en el 2008, fueron acusados por la Cámara de Diputados de violación a la Constitución de la República, y a las leyes de Cámara de Cuentas, de Función Pública  y  Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado, además de nepotismo, soborno e ineficiencia. El escándalo fue tal que hubieron de renunciar para evitar el juicio político que les preparaba el Senado de la República.

Aunque entre los más de doscientos evaluados por la comisión senatorial, había muchos que podrían reunir el perfil deseado, parece que entre los 15 preseleccionados para escoger los titulares, y otros tantos para suplentes, predominan los que tienen sello partidario, incluyendo dos de los actuales titulares cuestionados y otros ocho funcionario de la JCE, que aunque son sujetos de derecho, implicarían una negación a la renovación planteada hasta por altos funcionarios gubernamentales  y dirigentes de los diversos partidos.

Lamentamos que previamente no se modificara la Ley Electoral para eliminar la condición de abogado para integrar la JCE, como determinó la Constitución del 2010 y que en aún no se haya podido avanzar en modernizar el sistema de elección definiendo una metodología que  en primer lugar estableciera el perfil de las posiciones y luego realizara rigurosas evaluaciones.

La JCE que se elija tendrá serios retos por delante, comenzando por asumir el liderazgo en los esfuerzos para consensuar y aprobar  sin más dilación la reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos, partiendo de sendos proyectos introducidos al Congreso por los titulares que terminan su gestión.

Iniciativa por la Institucionalidad Democratica

11 noviembre 2016 |

Análisis de coyuntura del Centro Bonó: un presupuesto nacional socialmente hipotecado

El presupuesto nacional para el año 2017 cuenta con ingresos limitados, registra un gasto social e institucional estrangulado por el peso de la deuda pública, constriñe la inversión de capital y muestra preocupantes déficits de transparencia. Dadas estas hipotecas, la calidad del gasto público tendrá pocas perspectivas de mejora para el año entrante.

Santo Domingo, 5 de noviembre de 2016. “Los constreñimientos fiscales de 2016, sumados a un aumento vegetativo poco transparente, nos llevan a dudar que el Presupuesto Nacional sea un instrumento eficaz para el desarrollo social en el año 2017.  Esto refleja una economía de alto crecimiento que no genera empleos suficientes ni salarios decentes, y de una finanzas públicas en vías de colapsar, si el país no se aboca a un pacto fiscal e institucional que nos permita salir de la resaca electoral”. Así caracterizó Roque Féliz, vocero de incidencia del Centro Bonó, las perspectivas del presupuesto nacional para el año 2017.

El proyecto de presupuesto 2017 muestra progresos de forma en la estructuración y organización de la información; pero se mantiene atrapado en una serie de restricciones. Hay problemas de fondo, como la cantidad de los ingresos, la calidad del gasto y la inercia en el diseño, que condicionan la asignación eficiente de los recursos. Féliz entiende que existen condicionantes económicas y políticas que impiden incrementar con equidad el ingreso tributario y mejorar la calidad del gasto. Entre los escollos a superar se encuentran la transparencia, el financiamiento y la desconcentración territorial.

El Centro Bonó señala como positivo que se mantenga el intento de armonizar las prioridades establecidas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público con el presupuesto nacional, conforme lo establece la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Saluda que se hayan definido 37 programas y proyectos con financiamiento protegido en 8 Ministerios, la mayoría de ellos vinculados a salud, educación, seguridad, micro crédito rural y a MIPYMES, y asistencial social. Pero advierte que la gestión del presupuesto por resultados ha sido hasta ahora una herramienta metodológica muy poco eficaz. Todavía existen obstáculos estructurales que no permiten que este método se aplique en el país. Institucionalmente prevalecen prácticas como las nóminas fantasmas y supernumerarias, la duplicidad de agencias oficiales con las mismas funciones, y paquetes de clientelismo político, que desvanecen cualquier intento serio de planificar el gasto con calidad y eficiencia.

El Centro Bonó considera que la poca prioridad asignada a la inversión de capital no es coherente con el propósito de aumentar la producción e incrementar el patrimonio público, aspectos que normalmente tienen un mayor efecto multiplicador en la economía. En ese sentido, resulta poco lógico mantener vigentes magnitudes y prácticas de gastos corrientes de baja calidad en detrimento de aumentos y mejoras en el gasto de capital.  El presupuesto 2017 establece un gasto de capital de menos de RD$98,029 millones, equivalente al 2.9% del PIB. El monto es insuficiente para dinamizar la producción, estimular los mercados, fomentar empleos e incrementar razonablemente el patrimonio del Estado.

El presupuesto de 2017 se proyecta, incluyendo gastos y aplicaciones financieras, en RD$752,981.7 millones, unos RD$52,743.9 millones más que el año pasado. Esto incluye RD$640,719 millones para el gobierno central, RD$81,651 millones para los 59 organismos descentralizados y autónomos no financieros, y RD$30,611 millones de las 6 instituciones públicas de la seguridad social. Al gobierno central se asignaría el 85.1% del presupuestado, y a los otros sectores el 10.8% y el 4.1%, respectivamente. En conjunto, el total de gastos y aplicaciones financieras del sector público no financiero equivale a cerca del 21% del PIB proyectado para 2017. Es decir, una quinta parte de la economía está directamente ligada a las finanzas públicas y tiene un peso importante en los mercados.

En el presupuesto de 2017 se mantienen tres inercias históricas: el centralismo, la inequidad en la inversión territorial y el incumplimiento del tope presupuestario municipal. Se vuelve a desconocer la ley 176-07 que dispone que el 10% de los ingresos internos del presupuesto nacional sean asignados a los gobiernos municipales. El proyecto de presupuesto 2017 asigna a los ayuntamientos RD$16 mil millones, lo que equivale a un 2.9% de los ingresos internos, ignorando el artículo 204 de la Constitución. Esta práctica en nada contribuye a la descentralización democrática del país, tan necesaria para una institucionalidad que corrija el centralismo presidencialista que las generaciones post-trujillistas han querido superar.

El presupuesto para programas de viviendas de interés social también ha sido constreñido. La asignación prevista para el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), instancia que se enfoca en viviendas de interés social, fue recortada en un 26%, pasando de RD$677 millones en 2016 a un poco más de RD$505.4 millones en el 2017. En el presupuesto 2017 se pone de manifiesto que todavía persiste una dispersión institucional en las agencias públicas que ejecutan funciones de vivienda, incluyendo el INAVI y los ministerios de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia. La inversión general en viviendas es baja, de unos RD$1,520 millones, lo que representa el 0.04% del PIB estimado para el 2017.

El monto de los intereses de la deuda pública es una carga muy pesada y es uno de los mayores desafíos que tiene el Estado en materia presupuestaria. Unos RD$114,865 millones se destinarán al pago de intereses y comisiones de la deuda pública; equivalente a un 3.2% del PIB. En el presupuesto de 2017 se asignarán unos RD$17 mil millones más que en el 2016. Esto consumirá cerca del 22% de los ingresos fiscales contemplados en el presupuesto; es decir, un poco más que la quinta parte de los ingresos.

Para el 2017 hay una partida de RD$1,950 millones para incrementos en el salario promedio de los policías. Aunque es muy positivo este incremento para el 2017, no resulta suficiente. Un incremento salarial puntual no se traducirá en una mejora significativa de las condiciones de vida de los policías ni de su desempeño público. Será necesario además profundizar la reforma policial de forma integral, incluyendo su profesionalización y profilaxis.

El presupuesto 2017 se enfrenta al desafío de aumentar los ingresos tributarios sin recurrir a cambios en las tasas y en las figuras tributarias existentes, así como adelantar la transferencia a la Tesorería de los recursos que manejan instituciones como INDOTEL, quien deberá transferir el 50% de los ingresos captados como Contribución al Desarrollo de las Comunicaciones.

Basados en la normativa existente, las agencias recaudadoras del Estado se han propuesto incrementar los ingresos mejorando los controles que permitan reducir la evasión y la elusión tributaria. Muchas de estas medidas son correctas y tienen un carácter progresivo que debe ser comprendido por la población, como es el caso de la aplicación del 10% a los dividendos que distribuyen las empresas de zona franca y vincular el costo de la placa al precio de los vehículos.

También es positivo que se revise el esquema del régimen de incentivos de PROINDUSTRIA, a fin de evitar, que las facilidades brindadas a pequeñas y medianas industrias, retardándoles el cobro de ITBIS a las importaciones de insumos y maquinarias, esté siendo aprovechado por empresarios incautos que procuran evadir el pago de la totalidad del impuesto haciendo declaraciones subestimadas a la DGII. Las finanzas públicas necesitan un adecuado flujo de efectivo para el desarrollo de los programas sociales y es correcto revisar aquellas prácticas que afecten el flujo de caja de la Tesorería Nacional; pero hay que tener cuidado en no desfigurar esquemas razonables de incentivos para las PYMES industriales por llamar al orden a grandes empresas industriales que usufructúan los incentivos de PROINDUSTRIA.

Desafortunadamente, el proyecto de presupuesto 2017 deja de lado los compromisos instituciones con la protección presupuestaria de varios poderes y funciones públicas, particularmente del Poder Judicial y el Ministerio Público, de los gobiernos municipales, la UASD y el Consejo Nacional de la Niñez. Estos actores requieren de un apoyo financiero sustantivo para cumplir su misión, y el gobierno, en vez de abocarse a discutir una reforma fiscal integral abalada por un pacto fiscal que le permita efectivamente mejorar el sostenimiento financiero de estas instituciones y la calidad de sus funciones públicas. Por ejemplo, el poder judicial ha solicitado 14,000 millones para el año 2017, y en el presupuesto apenas se le asignan RD$6,872.2 millones, menos del 50% de lo solicitado y muy por debajo de lo que le pre-asigna la ley de autonomía del poder judicial.

Con limitaciones presupuestarias hay poco espacio para innovaciones sociales profundas. Desafortunadamente, señales presupuestarias como el aumento extraordinario de las transferencias corrientes en un año electoral nos indican que los compromisos con el clientelismo y las cuotas políticas son más fuertes que los compromisos con las necesidades demográficas y el desarrollo inclusivo y sostenible.  Los ciudadanos tenemos que seguir organizándonos y desafiando la lógica política que se resiste a los cambios que necesitamos alcanzar.

Lograr el pacto fiscal se hace imperativo. Para ello, el gobierno deberá aumentar la confianza institucional, pues en los últimos años su forma de gastar y perseguir la corrupción no concitan el apoyo que se requiere para negociar aumentos en la presión tributaria.

Hay que reconocer que las perspectivas fiscales no son buenas: gasto público y crecimiento económico con base en endeudamiento tiene sus límites y sus riesgos.

7 noviembre 2016 |