Reconoci.do exige al Gobierno que restituya la nacionalidad de los dominicanos desnacionalizados con la Sentencia 168-13

Santo Domingo.- El movimiento Reconoci.do exige al Gobierno que restituya la nacionalidad de los dominicanos que fueron desnacionalizados con la sentencia 168-13. Según el Movimiento, han fracasado los mecanismos acordados con las autoridades nacionales para solucionar las consecuencias de la violación de los derechos fundamentales de 133,770 personas nacidas en territorio dominicano.

En un comunicado enviado a los medios nacionales, Reconoci.do explica que la Dirección Nacional de Migración llama ahora a los desnacionalizados, dos años después de emitida la Ley 169-14, con la que supuestamente se facilitaría su naturalización, a que se acojan a una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04. Para Reconoci.do, en la práctica, esto significa que los desnacionalizados continuarán siendo considerados extranjeros en su propio país, lo que tiene consecuencias para sus actividades civiles y políticas, como el derecho al voto y el acceso a la educación.

La Ley 169-14 en su artículo 8 establece que: “Los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedentes penales”. Pero, por su situación especial, para optar por la naturalización, a diferencia de los extranjeros, el Gobierno debió habilitar un mecanismo especial para los desnacionalizados, lo que no se ha hecho hasta el momento.

El Movimiento recuerda en su comunicado que la Ley 169-14 se emitió para buscar “una salida razonable” a la situación de los desnacionalizados, pero que también tenía como objetivo implícito “bajar la tensión que la Sentencia 168-13 había creado, por su nivel de impacto y por la franca vulneración del derecho a la nacionalidad”.

Según el comunicado, del grupo A, es decir los desnacionalizados que tenían actas de nacimiento registradas, solo 13,495 de 61,000 afectados han recibido su cédula de identidad. En el documento se afirma que la Junta Central Electoral (JCE) se avocó a un proceso de auditoría y transcripción de registro, no establecido en la ley 169-14, lo que ha costado tres años de espera y una larga agonía para los que todavía no han logrado obtener sus documentos.  

En la actualidad la JCE demanda la nulidad del primer registro original y deja solo el segundo registro, supuestamente para evitar duplicidad.  “Este libro de transcripciones, separado del libro de registro ordinario donde se encuentran todos los dominicanos, se ha creado exclusivamente para segregar a los dominicanos de ascendencia haitiana del resto de los dominicanos”, enfatiza Reconoci.do.

Del grupo B, es decir los dominicanos que no estaban registrados, solo 8,755, de más de 79,923 pudieron acogerse al Plan. Entre las principales causas, que fueron denunciadas oportunamente, se encuentran: la solicitud de documentación extra por parte de los funcionarios a cargo del plan, tiempo insuficiente dado al proceso, trabas administrativas, realización de la inscripción en la Ley 169-14 en las mismas oficinas y simultáneamente que el alistamiento en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros  (creando así confusión), falta de  promoción de la iniciativa que permitiera conocer a los afectados qué hacer, dónde dirigirse y cuáles documentos llevar; entre otras importantes causas asociadas.

Ante lo que consideran un fracaso de la Ley 169-14, los miembros de Reconoci.do se preguntan en su documento: “¿No sería mejor para el Estado, que de una vez y por todas decida restituir la nacionalidad sin intermediación a todos los afectados por la Sentencia 168-13? “

Entienden que la sociedad y el Gobierno dominicano  deberían estar discutiendo hoy la reparación al daño causado por el Estado a decenas de miles de dominicanos y dominicanas, que han sufrido  por sus proyectos de vida frustrados, sus sueños truncados y sus vidas suspendidas por más de una década.  A juicio de los miembros del movimiento, no es necesario continuar forzando por una ruta que, además de que no repara ni resuelve el drama humano, tampoco es viable ni práctica.

“Demandamos que el Estado dominicano busque una solución al tema de la desnacionalización desde una perspectiva de justicia y derecho en vez de hacerlo desde una perspectiva de caridad”, se enfatiza en el documento.

8 noviembre 2017 |

Centros Sociales hacen llamado a cumplir con la resolución sobre el Protocolo de renovación de los permisos migratorios

Santo Domingo, 16 de octubre 2017.- La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana instó a las autoridades migratorias a cumplir con la resolución dada por el Consejo Nacional de Migración y diseñar, lo más rápido posible, una propuesta de renovación de los carnets de regularización de extranjeros y extranjeras, siguiendo una metodología transparente, que incorpore la participación de los actores sociales y económicos del país y que dé garantías de no deportación a sus solicitantes mientras dure el proceso.

Al concluir la fecha límite establecida por la resolución del Consejo Nacional de Migración, Res. CNM 01/17, que instruyó a la Dirección General de Migración a elaborar, en un plazo de 30 días, un Protocolo para el procedimiento de renovación o cambio de categoría y de subcategorías migratorias a los beneficiarios del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), los Centros Sociales de la compañía de Jesús (Solidaridad Fronteriza, CEFASA, Centro Bonó y el Servicio Jesuita con Migrantes en Jimaní) y otras organizaciones de la sociedad civil han solicitado en varias ocasiones reuniones con el Director General de Migración para conversar e intercambiar opiniones sobre el Protocolo de renovación del estatus migratorio de las personas que aplicaron a la regularización. Peticiones que han sido desoídas por parte de los organismos migratorios.

A pesar de toda la publicidad levantada sobre el éxito rotundo del Plan, lo cierto es que los resultados alcanzados son frágiles y la incertidumbre prevalece entre decenas de miles de inmigrantes, muchos apenas registrados, y otros muchos más con un estatus migratorio incierto que ignora sus años de presencia en el territorio nacional. El Plan de Regularización, sin desmeritar sus aspectos positivos, tiene muchas tareas inconclusas y asuntos de fondo pendientes de resolver. Al hacer un balance del PNRE, se debe reconocer que éste ha cumplido parcialmente sus objetivos; pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes y el Protocolo de renovación, que la Dirección General de Migración debía haber elaborado antes del 28 de agosto de este año por mandato del Consejo Nacional de Migración, podría haber sido una gran oportunidad para conseguirlo.

Las organizaciones de la sociedad civil también hacen un llamado sobre la necesidad de fortalecer el proceso de construcción del nuevo reglamento para la renovación de los permisos migratorios otorgados por el PNRE, esperando que el proceso de realización sea ágil, democrático y transparente, contando con diferentes representantes de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, empresarios, ONG´s y sindicatos. Mantener las trabas administrativas, los requisitos cambiantes y excesivos, altos costos y la centralización de los trámites para renovar la tarjeta de regularización podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos años y alejándonos de las líneas básicas de la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia de migración.

17 octubre 2017 |

Vacante para Coordinador/a Nacional de Jóvenes

Nombre del puesto: Coordinación Nacional de Jóvenes.

Período de trabajo: Indefinido.

Horario de trabajo: Desde las 8:00 am. A 5:00 pm. de lunes a viernes (con algunas actividades de las noches y fin de semana).

Funciones del puesto: Coordinar la implementación de la estrategia nacional de jóvenes del Centro Bonó.

 

Descripción de tareas
Principales – Definir, actualizar, gestionar y evaluar la estrategia de trabajo con jóvenes a nivel nacional del Centro Bonó.

– Gestionar los procesos de acompañamiento y formación de jóvenes en los territorios en donde Centro Bonó realiza su trabajo.

– Acompañar espacios, organizaciones, movimientos, etc. de jóvenes para la promoción de su empoderamiento e involucramiento en los procesos sociales.

– Gestionar la ejecución de las acciones de los proyectos del Centro Bonó vinculados al trabajo con jóvenes.

 

Habilidades Intelectuales
Destacadas – Profesional del área de la sociología, derecho, comunicación o educación.
Excluyentes – Bajos niveles de experiencia en este tipo de trabajos.

 

Habilidades Laborales
Imprescindibles – Habilidades en la gestión de equipos de trabajo a distancia.

– Con alta sensibilidad y experiencia de trabajo social (nivel de compromiso).

– Facilidad para tratar con personal heterogéneo.

– Capacidad de gestionar procesos y proyectos.

– Facilidad de expresión de sus ideas, tanto oral como por escrito.

– Imaginación y creatividad para resolver problemas.

– Capacidad de organización y planificación del trabajo.

– Manejo de PC (word, excel y power point, básicamente).

– Capacidad para elaborar informes.

Excluyentes – Experiencia limitada en trabajo social.

 

Requerimientos Relevantes
Edad – A partir de los 25 años.
Sexo – Indiferente.
Educación Formal – Desde profesional universitario del área de la sociología, derecho, comunicación o educación hasta profesional con especialidad en el área.
Experiencia – Experiencia de más de un año en el puesto de trabajo social o promoción de los DDHH.

– Conocer la realidad de los jóvenes/realidad local y nacional, y capacidad de análisis de la misma; para facilitar la participación y el mejor logro de los objetivos institucionales.

– Haber tenido la oportunidad participativa en movimientos sociales.

Lugar de residencia – Santo Domingo, Jimaní, Santiago o Dajabón.

 

PARA INFORMACIÓN:

Los interesados/as deberán enviar su currículo vítae (de no más de 5 páginas) y una carta de presentación al correo electrónico proyectorsm@nullgmail.com, marioserrano@nulljesuits.net, epolanco@nullcefasa.org.do

El plazo establecido para la recepción de los CV es hasta el 30 de noviembre de 2017.

16 octubre 2017 |

Inseguridad ciudadana se convierte en principal preocupación para los dominicanos

Santo Domingo, 7 de octubre de 2017. En el Análisis de Coyuntura realizado este sábado en el Centro Bonó, donde participaron como panelistas Daniel Pou y Tahira Vargas, se abordó el tema de la inseguridad ciudadana como el problema más inquietante que afronta a día de hoy la ciudadanía en la República Dominicana. La falta de recursos orientados a mejorar la seguridad, los bajos niveles de respuesta y la debilidad institucional agravan esta situación entre la población.

La violencia en el país tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad, que hace referencia a los hechos concretos de violencia objetiva, y la percepción de inseguridad, relacionada con la sensación de temor generado por la violencia directa o indirectamente.

Según datos publicados por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República Dominicana, el 74.6% de las personas tiene como principal preocupación la delincuencia, seguido de la falta de un empleo digno con un 42.3% y la corrupción e impunidad con un 26.5%. La desconfianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son otro dato que revela el estudio: el 72.8% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en la Policía Nacional.

A estos factores se le suman otros elementos como: la percepción que tienen los ciudadanos de la impunidad, la falta de institucionalidad para atender los aspectos relacionados con la seguridad, la falta de confianza en las instituciones, entre otros. El estudio también expone que un 60.5% de los dominicanos no tiene confianza, o tienen poca confianza, en el sistema judicial del país. La falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones responsables en casos como los Tucano, los sobornos por parte de la empresa Odebrecht a funcionarios públicos y el escándalo de la OISOE, incrementan la percepción de inseguridad.

En palabras de los invitados al acto, una posible solución sería aplicar políticas orientadas a controlar la sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía, ya que estas también tienen efecto en la reducción de la percepción de inseguridad. Si la ciudadanía observa que existen mejores recursos orientados a elevar los niveles de seguridad, que la ciudad está más ordenada, y que han mejorado los niveles de respuesta, las personas se sienten más seguras y mejora su percepción.

Desde el Centro Bonó se hizo un llamado a fomentar las medidas orientadas a mejorar la organización ciudadana. Contar con una estructura social sólida hace que la gente se sienta más segura con prácticas basadas en la solidaridad y convivencia ciudadana entre vecinos. Según la institución, en estas instancias se generan importantes espacios de participación y compromiso ciudadano que permiten no sólo mejorar las posibilidades de afrontar la delincuencia, sino también disminuir los niveles de percepción de inseguridad.

8 octubre 2017 |