Màs allá de las encuestas de popularidad, los derechos humanos.

Los panelistas Pavel Isa Contreras, Alfonsina Cuesta y Wilfredo Lozano.

Santo Domingo, 7 de febrero del 2015. El Centro Bonó tituló su primer análisis de coyuntura de 2015: “Balance político y económico del año 2014 y perspectivas para el 2015: desafío para los movimientos sociales”. Al evaluar el año 2014 con vistas al compromiso ciudadano en 2015, el Bonó invitó a profundizar en el análisis social para explicar la inactividad del compromiso ciudadano. Entienden los analistas del Centro que “no bastan encuestas de opinión sobre la popularidad de un gobierno para captar lo que está aconteciendo en sociedades complejas como lo son las sociedades contemporáneas”.

El Bonó entiende que los temas de fondo de la realidad social dominicana no son recogidos adecuadamente en la opinión pública dominicana, por lo que una parte importante de la ciudadanía no entiende la gravedad de muchas situaciones. Por el contrario, el gobierno maneja hábilmente los conflictos para transmitir sensación de gobernabilidad. “Nada se discute a fondo en la sociedad dominicana; todo se arregla para contentar a las partes encontradas, dando la impresión de que estamos siendo bien gobernados”.

Explicó el Centro que diversas dinámicas de fondo de la sociedad dominicana se riñen con lo establecido por los artículos 7 y 8 de la Constitución. El artículo 7 establece que “la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho” y que el mismo se funda “en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”. De este artículo se deriva que la “función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

El primer punto que señala el  análisis del Centro es la falta de un gasto público de calidad, que afecta el logro de políticas sociales universales. El panorama más promisorio ha sido el de la educación. En abril se logró firmar el Pacto Educativo ordenado por la Estrategia Nacional de Desarrollo, estableciendo acuerdos fundamentales para actualizar la propuesta educativa. Otra es la realidad en el orden de las ejecutorias. Si bien el gobierno ha cumplido su palabra de asignar el 4% del PBI para la educación, es deseable mayor transparencia y racionalidad en el uso de los fondos. Los esfuerzos se han concentrado en la construcción de aulas y en ampliar el desayuno escolar. Se trabaja en implementar la tanda extendida en todas las escuelas, pero todavía falta una propuesta educativa que le dé contenido. “La calidad sigue siendo un problema en nuestro sistema educativo. El proceso de renovación curricular tiene el gran desafío de ofrecer una propuesta educativa que acompañe adecuadamente las transformaciones que ha sufrido la sociedad dominicana en los últimos 20 años”.

No ha corrido la misma suerte la salud. El presupuesto dominicano en salud es uno de los más bajos de la región. Las familias más pobres tienen que gastar una parte importante de sus ingresos para enfrentar la enfermedad de alguno de sus miembros.  La gestión de los servicios públicos de salud en el país es extremadamente ineficiente. Se recuerda aún el escándalo causado por la muerte de once niños el primer fin de semana de octubre en al Hospital Robert Reid Cabral por falta de oxígeno; al profundizar el caso, se puso de manifiesto que no era la primera vez que esto pasaba. Para complicar la gestión hospitalaria, se siguen haciendo nombramientos por favoritismo partidario. Por otra parte,  los servicios públicos de salud en atención primaria y en el sistema hospitalario siguen siendo terriblemente precarios. A esto se suma la ineficiencia de los seguros de salud, con “seguros que no aseguran”.

La salida que buscó el Poder Ejecutivo a la difícil e injusta situación creada por la sentencia TC 168-13 no surtió sus efectos. Una sentencia de la Corte Interamericana mandó incluso a reformar aspectos de la ley 169-14 sobre nacionalidad, porque violaba derechos fundamentales. La pequeña ventana de esperanza que abrió se vio impedida por la indisposición de las diversas instancias públicas que debían colaborar para que se facilitara la inscripción en el libro de extranjería a miles de personas que habiendo nacido en el territorio nacional no habían sido registrados en el registro civil. Una suerte parecida ha corrido el decreto 327-13 por el que se establece un plan extraordinario de regularización de extranjeros. Fuerzas opositoras al Ejecutivo, pero aliadas políticamente para fines electorales, han aprovechado la ambigüedad de este en materia de derechos humanos para confundir la temática de la nacionalidad con la situación migratoria y profundizar el sentimiento de enemistad contra el país vecino.

En último lugar, el Bonó señaló la falta de institucionalidad en dos aspectos: un respeto mayor de la división de poderes y una inversión pública consistente para transformar las cadenas productivas agropecuarias con vistas a mejorar la seguridad alimentaria. Entiende que las denominadas “visitas sorpresa” del presidente a los campos logran más popularidad que real efectividad.

Los analistas subrayan que no basta la popularidad de las encuestas para juzgar la calidad de un gobierno. Esta se juega en el terreno de los derechos humanos fundamentales. No se puede hablar de que la pobreza ha descendido considerablemente, cuando la realidad es otra, de acuerdo a lo señalado recientemente por el Informe de la CEPAL 2014, que señaló el aumento de la indigencia y la desigualdad en el país. De ahí que, para el 2015, resulte urgente recobrar el compromiso ciudadano. Como parte de Foro Ciudadano, el Bonó propone mejorar la movilización de la sociedad organizada en tema de derechos fundamentales en oposición a la movilización meramente electorera. También, propone que se articule el reclamo organizado de servicios básicos para la vida moderna como la energía eléctrica y el transporte. Ve como tarea central ayudar a la transformación de la formación de la opinión pública con servicios informativos más educativos y apegados a un análisis de la realidad en perspectiva de derecho. Por otro lado, resulta crucial esforzarse para lograr trabajos de calidad. Este año no solo debe producirse un aumento general de salarios para empleados públicos y privados, sino también alcanzar un acuerdo intersectorial para reformar el código laboral manteniendo los derechos alcanzados en la materia. Con respecto a la institucionalidad, junto a Foro Ciudadano se luchará especialmente por el uso transparente y equitativo del presupuesto nacional, sobre todo en materia de salud, y por qué se castigue justamente a las personas involucradas en el robo de los fondos públicos.

En el análisis de coyuntura participaron como panelistas Pavel Isa Contreras, quien abordó el tema económico; Alfonsina Cuesta, de Foro Ciudadano, quien abordó el tema social; y Wilfredo Lozano quien abordó la realidad política.

7 febrero 2015 |

Los comentarios están cerrados.