Las sombras de la rendición de cuentas (5 de 5): Cuando la vivienda se hace invivible

El Centro Bonó culmina la serie de entregas “Las sombras de la rendición de cuentas”,  que mostraron la visión alternativa al país del progreso y la modernidad que se intentó presentar desde la presidencia del país. Aprovechamos también para invitarles a revisar el Boletín 21 de nuestro Observatorio de Políticas Sociales (OPS), donde se analizan las deudas acumuladas en el sector de la vivienda, uno de los puntos más oscuros de la gestión presidencial en los últimos ocho años.

Según diversos estudios, entre los que se encuentra el Monitor Social de América Latina, la vivienda es considerada como el principal factor de exclusión y estratificación de la población dominicana. La calidad de la vivienda marca la diferencia entre una vida digna, en bienestar, y la vida precaria, de sobrevivencia. Si un Estado tiene como fin alcanzar el bienestar de su población, la política de vivienda debe estar enmarcada entre las prioridades principales.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el ser humano pasa en promedio un 50% de su tiempo en la vivienda y  por tanto tiene una fuerte influencia en el desarrollo educativo, la salud, la autoestima y el sentido de pertenencia de la gente.

A pesar de ser conocidas todas las implicaciones de la vivienda en la vida de la gente, el accionar del gobierno no se ha correspondido con el tamaño del problema. En nuestro país, el déficit cuantitativo de viviendas ronda las 719,990 viviendas -según la Oficina Nacional de Estadísticas- y 872,338 unidades -según el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo-. Sin embargo, la inversión pautada por el gobierno para enfrentar este déficit se ha precipitado en una escala descendiente. En el año 2004, la inversión ascendió al 0.60% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en el  2011 apenas se ejecutó un 0.072%.

Si sumamos la inversión real ejecutada en el período 2004-2011, se alcanza una cifra de alrededor de 4 mil millones de pesos. Con esta inversión, en 8 años, se han construido apenas 4,954 viviendas de las 700,000 que hacen falta, dentro de las cuáles hay 2 mil de madera y zinc y solo 700 están orientadas en la zona rural.

Un solo proyecto de esa inversión total ocupó poco más del 30% de ejecución: “Residencial El Progreso”, un proyecto en donde se construyeron 180 apartamentos de lujo, destinado a “profesionales”.  Cada apartamento de ese proyecto tuvo un costo de construcción entre 5.8 a 6 millones de pesos. Son en total solo 180 viviendas que costaron mil millones de pesos para quienes probablemente pueden pagar más de 6 millones de pesos por una vivienda y por tanto no se ubican en el tramo de la población a la que más le urge hasta para su supervivencia.

Con la desinversión en el sector, el Estado ha incumplido el Art. 59 de la Constitución, que emplaza al Estado a fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda, promoviendo planes de vivienda de interés social. En el 2012, la inversión en el sector se situará al mismo nivel que existía en medio de la peor crisis de los últimos 20 años, para un monto de RD$2,325.12 millones -correspondiente al 0.10% del PIB-. Tomemos en cuenta que en 2011 se presupuestó un 0.08% del PIB, se le quitó una partida a mitad de año y la ejecución concluyó en apenas 0.072% del PIB.

Las cifras hablan por sí solas: la vivienda no es prioridad para el gobierno. La rendición de cuentas del período completo del Presidente Fernández indica que seguiremos con un déficit creciente. Ese casi 70% de personas que cotizan en seguridad social y que gana menos de 15 mil pesos nunca podrá adquirir una vivienda digna, segura contra ciclones, apta para estar en salud y adecuada para educarse. Pero seguro, esas personas si podrán viajar en metro.

El Estado Social de Derecho que manda nuestra Constitución se pierde en el horizonte. Los análisis presupuestarios nos confirman que no hay intención de hacerlo realidad. Si queremos construir ciudadanos con igualdad de derechos, la inversión en vivienda es fundamental. El enfoque de las actuales políticas sociales produce y reproduce familias empobrecidas. El Estado debe centrar su inversión en lo prioritario para la vida digna y no en construcciones faraónicas que benefician más  a contratistas que a las personas empobrecidas.

Si quieres leer el resto de nuestra serie “La sombras de la rendición de cuentas”:

1. Un discurso alejado de la realidad
2. La pobreza del discurso
3. La salud, materia pendiente
4. La migración, un silencio cómplice

22 marzo 2012 |

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