La política de la incertidumbre

Por Wilfredo Lozano. 30 de junio de 2015 

Nada de esto es simple y el propio presidente Medina lo reconoce al decir que los derechos de los afectados están asegurados e indicar que quienes lograron inscribirse en el PNRE se beneficiaran de algún tipo de estatus de permanencia en el país.

En su discurso en la reunión del SICA-España, en Ciudad Guatemala, el pasado viernes 26 de junio, el Presidente Medina se concentró en el tema migratorio en la Republica Dominicana. Por lo que allí se dijo y quien lo dijo el discurso merece un análisis sereno.

Dejando de lado la cuestión del manejo político de los resultados del Plan Nacional de  Regularización Migratoria (PNRE), que recién acaba de cerrar su fase de solicitudes, el Presidente fue muy franco. Afirmó que el plan fue un éxito porque logró inscribir a 288,486 inmigrantes irregulares. Pese a que esta tajante afirmación merece matizarse, como veremos en este artículo, lo cierto es que la cifra es significativa. A seguidas el Presidente abordó la cuestión de los descendientes de hijos-as de inmigrantes nacidos en el país y cuyos padres se encuentran en situación irregular. Aunque el Presidente no lo afirmó así, todo el mundo sabe que la situación de despojo ciudadano de los descendientes de inmigrantes irregulares fue el producto del mandato retroactivo de la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC), como de las acciones persecutorias desatadas por la Junta Central Electoral (JCE) desde el 2007 contra los hijos de inmigrantes, sobre todo los de origen haitiano. Como respuesta incompleta a esta arbitrariedad de la sentencia y la clara violación a los derechos humanos que implicaba, surgió pues la ley 169-14.

Hoy la JCE informa que producto de la auditoría que al respecto ordenó el TC, 55,000 personas han sido reconocidas como pertenecientes a la categoría A de la ley 169-14, quedando automáticamente reconocidos como dominicanos de pleno derecho. Aunque no ha quedado claramente establecido, en algún momento la propia JCE ha señalado que 8,975 descendientes fueron identificados como no registrados y por tanto pertenecen a la  categoría B de la ley 169-14, en virtud de no poseer documento alguno. A estos últimos se les concedería la naturalización en un plazo de dos años. En otras palabras, con esta acción la JCE restituye la condición de ciudadanía dominicana a miles de personas a las que durante años se les desconoció ese derecho. La ley 169-14 en ese sentido ayudo directamente a esa tarea.

Estos resultados pueden leerse de diversas formas. Una es la del Presidente: se ha aclarado la condición de nacionalidad de miles de personas despojadas de sus documentos y colocadas en un limbo ciudadano. Otras lecturas sin embargo son posibles. Por lo pronto, es asombroso observar como la JCE declara sin disculparse que su auditoria dio un saldo de 55 mil personas con derecho automático a la nacionalidad y apenas un ciento de personas resultaron ser objeto de cuestionamiento judicial. Es asombroso pues hasta ese momento la JCE mantuvo en la opinión pública la idea de que podía tratarse de un fraude colosal que involucraba miles de acciones de falsificación de documentos. Y lo es más porque en cualquier caso fueron las oficialías civiles del Estado las que certificaron esos nacimientos. Mientras tanto, durante años se sometió a miles de personas a la incertidumbre, al vejamen y a una vida mutilada. ¿Era necesario que eso sucediera? Ello simplemente demuestra la arbitrariedad del poder,  indica cómo la desigualdad se ensaña contra los más débiles y cómo se vulneran en este país derechos elementales.

De todos modos, el Poder Ejecutivo actuó, y por ello, a partir de los resultados que mostro la JCE,  el Presidente Medina pudo en su discurso hacer un razonamiento deductivo manejando con habilidad las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) realizada en el 2012 por la ONE-UNFPA que a su juicio prueba que ya en el país no hay peligro de apatridia.

El razonamiento del Presidente Medina indica:

  1. La Encuesta Nacional de Inmigrante (ENI), realizada en el 2012 por ONE-UNFPA, establece un total de 244,151 descendientes de inmigrantes para ese momento. De estos al menos 105,381 tenían un padre extranjero y uno nacional, 138,770 eran hijos de padres extranjeros, 20,213 poseían documentos extranjeros, y 16,556 poseían documentos extranjeros y dominicanos. Por ello, dice el Presidente, del total de descendientes quedaban 102, 001, cuya situación debe explicarse.
  2. A partir de ese punto, el Presidente asume que no es cierto que en el país haya apatridia, pues de la cifra anterior debe debitarse 63,755 personas beneficiarias de la ley 169-14, como hace poco indicara la JCE.
  3. Sin embargo, si se resta de la cifra de 102, 001 personas a los beneficiarios de la ley 169-14, lo que queda es un total de 38,246 personas. En este punto sorpresivamente el argumento presidencial se detiene, pues si bien su deducción lógica a partir de los resultados del PNRE como de la aplicación de la ley 169-14, demuestran que el volumen de potenciales apátridas es en efecto muy reducido, aún queda mucho por explicar. Veamos.

Lo primero que hay que establecer es que la ley 169-14 tenía un defecto de nacimiento: el grupo A estaba restringido a quienes tenían o habían tenido papeles y estaban inscritos en el registro civil. Los del grupo B eran todo el resto, es decir, los que no tenían documento alguno  que demostrara que ellos habían nacido en el país antes del 2007. Además del grupo A, la JCE solo reconoce en este último grupo a 8,755, pero en rigor, si seguimos las cifras de la ENI y la inducción lógica del Presidente Medina, tenemos que convenir en que este grupo es más amplio, con al menos 38,246 personas, como se ha indicado. Esta última cifra resulta de restar simplemente de un total de 244,151 descendientes establecidos en la ENI 2012, los beneficiarios de la ley 169-14, los que poseen algún documento extranjero, nacional o ambos y aquellos que eran hijos de dos padres extranjeros o de un solo padre extranjero, tal como ha hecho el primer mandatario al articular su explicación, pero sin indicar la cifra de 38,246 personas, que es el guarismo final resultante.

La ley 169-14 para ser justos contempla que la población de descendientes que no pudiera quedar favorecida con la nacionalidad automática por posesión o registro de documento, tendría siempre la opción de la naturalización. El grupo de 8,755  personas que identifica la JCE podría tener el favor de una naturalización rápida. Pero el resto quedaba en una insegura situación. Por ello lo que se ha indicado en diferentes ocasiones es que este grupo tenía el camino de la regularización migratoria, es decir, el camino de la población de extranjeros irregulares.

Pero la verdad es que este grupo solo se diferencia del que ha sido reconocido como dominicano de pleno derecho por el hecho de la no posesión de documentos. Por lo demás, al igual que el Grupo A, han nacido en el país, se criaron en el, formaron familias, muchos pertenecen incluso a una segunda o tercera generación. Y ahora quedan como virtuales extranjeros a quienes  no les queda más que emprender el camino del éxodo al extranjero (y cómo hacerlo si son precisamente pobres), o tratar de alguna forma de ser esta vez reconocidos como extranjeros que desean regularizar su residencia (lo que es un contrasentido).

La ley 169-14 lo que solo reconoce es esto último, pero al hacerlo revela su debilidad: que para una igual población de personas nacidas en el país, a unos les asigna la condición de nacionales, por estar en el registro civil (o haber podido estarlo) y a otros los rotula de extranjeros irregulares.

Hay otro asunto que el discurso del Presidente Medina no pondera. Los 288,486 personas que terminaron registrándose en el PNRE representan el 54.9% del volumen total de inmigrantes que registra la ENI para el 2012, y el 62.9% del total de inmigrantes haitianos, asumiendo en este caso que la totalidad   de los mismos residen en el país en condiciones irregulares. Esto indica que queda una población no inscrita en el PNRE que potencialmente es pasible de ser repatriada. En este caso, ciertamente, al estado dominicano le asiste todo el derecho a implementar la repatriación, y sobre esto me parece que nadie tiene dudas al respecto, habiendo un consenso nacional en cuanto a la necesidad de poner freno a la inmigración irregular.

Lo importante sin embargo es dejar claramente establecido que 18 meses de vigencia del PNRE el mismo produjo 288,486 solicitudes, pero muy pocos casos de regularización efectivos. A partir del momento de cierre del programa lo que tenemos ante si es un enorme volumen de solicitudes que deben evaluarse. Esa es la realidad. Por ello el propio Presidente en su discurso se ve forzado a reconocer que las autoridades asumen el compromiso de otorgar algún estatus legal a esas personas para permitirles que continúen como residentes en el país, este vez en condiciones regulares o legales.

Por otro lado, no es como muchas voces irresponsables creen: debemos repatriar a los extranjeros irregulares sin mayor reparo. Somos un país soberano, ciertamente, pero si vivimos en un estado de derecho (y yo espero que así sea), aun teniendo el derecho soberano a tomar esa medida, el estado está en la obligación de cumplir un ordenamiento legal y un protocolo. En otras palabras, para proceder a las repatriaciones el estado debe cumplir las normas nacionales del derecho, respetar los derechos humanos universales que asisten a la gente, reconocer los compromisos internacionales que en esta materia se hayan contraído con los organismos internacionales y llegar a algún tipo de entendimiento con el o los países de donde provienen esos repatriados para que los mismos puedan reinsertarse en su nación de origen. Y todo esto supone actuar como un estado que respeta las reglas del orden internacional, defiende el derecho de los ciudadanos del mundo y protege a quienes habitan en su territorio.

Nada de esto es simple y el propio presidente Medina lo reconoce al decir que los derechos de los afectados están asegurados e indicar que quienes lograron inscribirse en el PNRE se beneficiaran de algún tipo de estatus de permanencia en el país.

Temo, sin embargo, que aquellas personas  nacidas en República Dominicana hijos-as de inmigrantes residentes irregulares, pero que no se han podido beneficiar de la ley 169-14, no han solicitado acogerse al PNRE y no tienen a esta hora documentos legales, que son miles, permanecerán en un status ambiguo, oscuro e incierto. A menos que el estado tome la iniciativa e implemente un plan de asimilación de esa población con algún tipo de amnistía, ese grupo de dominicanos (as) por una acción arbitraria e injusta como lo fue la sentencia 168-13 del TC, permanecerá en el limbo ciudadano.

Y yo le pregunto al Señor Presidente: ¿Esas personas qué son? ¿Dominicanos indocumentados? ¿Haitianos, si ese estado ha declarado que esas personas no serán reconocidas como nacionales? ¿Qué son, Señor Presidente, por ejemplo esas 38  mil personas que aunque usted no las haya señalado en su discurso, pueden deducirse de las mismas cifras que usted maneja y que se encuentran en un limbo jurídico? Yo podría responderle Presidente: son las victimas del miedo y la intolerancia, de la debilidad del indefenso ante el poderoso, son las victimas de nuestra propia debilidad como estado y como comunidad política, vale decir, son las víctimas de un proyecto de nación que en dos siglos de vida republicana aún no ha podido organizar un estado de derecho que proteja a sus ciudadanos y ciudadanas de la barbarie y las arbitrariedades que bajo la sombra del poder se producen, sobre todo que cumpla el compromiso de proteger a los más débiles.

Asumiendo el espíritu de su discurso, reconociendo el esfuerzo que su gobierno ha hecho con la ley 169-14 para reparar una injusticia, usted, Señor Presidente, debe culminar el trabajo iniciado y junto con la sociedad toda encontrar una solución a la difícil situación de ese segmento de población que ha nacido en este país y no tiene voz para defenderse, que por circunstancias producto de la desigualdad y la marginalidad social en que viven, no han podido a esta fecha acceder a los beneficios del esfuerzo del gobierno por resolver la enojosa situación que produjo la injusta y arbitraria  Sentencia 168-13 del TC.

Fuente: http://acento.com.do/2015/opinion/8262472-la-politica-de-la-incertidumbre/

2 julio 2015 |

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