Es hora de consensuar una Ley que garantice el agua como bien público

Domingo Abreu

Compartimos con ustedes el posicionamiento realizado por la Plataforma del Agua, quienes se reunieron ayer jueves para compartir sus pareces sobre el tema del agua, preciado bien que debe garantizarse como público.

Cualquier legislación que regule el agua debe integrar el enfoque de derechos, y ser consensuada con la sociedad antes de ser aprobada en el Congreso Nacional.

Por primera vez representantes de la sociedad civil, instituciones públicas y expertos en el tema agua se reúnen para intercambiar posiciones sobre el contenido de las últimas versiones de los proyectos de Ley General de Agua y Ley de Agua Potable y Saneamiento en el foro: “Agua, un derecho de todxs en discusión” con la finalidad de analizar desde un enfoque de derechos los contenidos de los dos proyectos en cuestión.

El agua es un derecho fundamental y un bien público vital e imprescindible para la vida y el buen desenvolvimiento de las actividades domésticas/colectivas de los seres humanos.

Rosa Cañete, directora de Oxfam en el país, al introducir el evento destacó la  importancia de abrir este tipo de espacios de discusión sobre los proyectos de ley donde puedan participar todos los sectores de la vida nacional, sociedad civil, las instituciones estatales, expertos y la ciudadanía en general ya que con este ejercicio se fortalece la democracia y el ejercicio ciudadano de participación en las cuestiones públicas. “Un bien público como el agua no se puede regular sin haber debatido y construido consensos sociales sobre cómo garantizar este derecho a toda y la ciudadanía así como preservar el equilibrio ecológico, este debate intenta aportar a fortalecer el diálogo sobre el tema”.

La presentación de los proyectos estuvo a cargo de  Eliseo Alberto González del INDRHI (Ley de Aguas) y Rosa Urania Abreu (Ley General de Agua Potable y Saneamiento), mientras que las discusiones se centraron en los tres aspectos más polémicos en los proyectos de ley: Privatización y Tarifas quien fue presentado por la experta Indhira de Jesús, Estructura Organizativa y Regulación a cargo de la ingeniera Olga Luciano y, por último, Participación de la Sociedad Civil  y los Municipios a cargo del ambientalista Domingo Abreu Collado.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente se plantea que los proyectos usurpan muchas de las funciones atribuidas al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual entra en conflicto con esa instancia estatal. “La ley de aguas debe verse como una ley sectorial de Medio Ambiente y no como una ley general, pues ésta entra en conflicto directamente con las funciones de rectoría sobre el recurso agua que la Ley 64-00 le confiere al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

El panel de discusión

Mientras que Domingo Abreu Collado, coordinador de la Asamblea Nacional Ambiental -ANA-, y representante de la Plataforma por el Agua señaló que los proyectos en discusión, tal y como están presentados “abren todas las posibilidades a la privatización de nuestras aguas a empresas multinacionales que causan y siguen causando severos daños sociales y económicos, no sólo en nuestro país sino también en  varios países de nuestra América”. Para Collado “estos proyectos de ley están muy emparentados con el proyecto megaminero nacional que busca comprar toda la Cordillera Central y otras zonas, como la provincia Monte Plata y Miches, tras la búsqueda de oro.”

La evento fue un esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales, los organismos de cooperación, instituciones estatales y la sociedad, y cerró llamando a la ciudadanía a participar en esta discusión tan relevante para bienestar colectivo y al Congreso a asegurar que se da un debate profundo y participativo sobre las leyes depositadas y que el enfoque de derechos prima sobre los intereses particulares.

25 enero 2013 |

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