Danilo ha manejado el Presupuesto sin transparencia y ha aumentado la deuda pública

Jorge Ulloa, Manuel Robles y Pablo Mella, representantes de Justicia Fiscal.

Santo Domingo, jueves 14 de agosto del 2014. Compartimos con ustedes la posición del Movimiento Justicia Fiscal, sobre la gestión de los   dos primeros años de gobierno del presidente Danilo Medina, que hiciera pública hoy en una rueda de prensa realizada en las instalaciones de Centro Bonó.

Posicionamiento:

El gobierno de Danilo Medina llega a su segundo año,  mostrando  una gestión fiscal con  pocas novedades. La misma se basa en prácticas que refuerzan el mismo modelo socioeconómico que ha predominado en la República Dominicana en las últimas décadas.

El modelo fiscal ha permanecido prácticamente idéntico. La recaudación de impuestos sigue reposando de forma predominante sobre el ITBIs, manteniendo un esquema regresivo. En sus grandes sumas, el gasto público ha mantenido la misma estructura, con la loable excepción  del cumplimiento de la ley y asignación del 4% del PBI a la educación preuniversitaria. 

Las promesas de racionalización del gasto público se han quedado en palabras y decretos incumplidos.   Los gastos globales del gobierno se vieron incrementados en un 12% al comparar el 2013 con el 2012. De manera particular, los gastos en los principales rubros que abarcaba el decreto de austeridad, en el primer año tuvieron un incremento de RD$13,146 millones al pasar de una ejecución en el 2012 de un monto de RD$105,760 millones a un total en el 2013 de RD$118,906 millones. En ese sentido, llamada poderosamente la atención que el gasto en publicidad y propaganda en lugar de reducirse, se incrementara en un 24%.

Por otra parte, existe una grave amenaza de insostenibilidad fiscal, debido a que los importantes  déficits del gobierno se siguen supliendo con un aumento en el endeudamiento.  La deuda pública consolidada que era de un poco mas de US$25,000 millones (43.5% del PIB) en el 2012, llegará  a cerca de US$30,000 millones (50% del PIB) a finales de este año, 2014.

Salvo excepciones como la del cumplimiento con el 4% para Educación, en la estructura del gasto público no se han visto modificaciones importantes, ni reorientación hacia la inversión social. Sigue siendo muy baja la inversión pública en sectores tan fundamentales como la salud, seguridad social y vivienda, al tiempo que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Internacionales ejecutó un monto de RD$12,250 millones de pesos, 3.7 veces más que todo lo gastado en vivienda. Este gasto se realiza para mantener representaciones consulares innecesarias y de clara vocación clientelar. Lo mismo sucede con  la ejecución de los recursos de apropiación del 5%, la Presidencia de la República transfirió RD$6,846.9 millones para asistencia a diferentes áreas, pero no se especificaron los beneficiarios finales de dichos recursos.

Desde el punto de vista institucional, la ejecución presupuestaria ha estado plagada de ilegalidades e irregularidades, haciendo imposible evaluar hasta qué punto ha aumentado la discrecionalidad del gasto público. Entre estas faltas destacan las violaciones al ciclo presupuestario, incumpliéndose prácticamente todos los plazos contemplados en las leyes. De esa forma,  se puede constatar que la Ley Orgánica de Presupuesto ha sido violentada en al menos 11 de sus artículos. También han sido vulnerados varios artículos de la Constitución Dominicana.

Una materia en que, sin dudas, este gobierno ha sacado muy bajas calificaciones es en la transparencia y el combate a la corrupción. Todavía hoy la ciudadanía espera y demanda que se aclare el inmenso e ilegal déficit fiscal del 2012 y que sus responsables paguen las consecuencias. Sin embargo la repuesta gubernamental ha sido el silencio cómplice, dando  inicio a otro período de impunidad, que alimenta la continuación de las inveteradas prácticas de corrupción.

Los procedimientos de rendición de cuentas se han vuelto muy lentos, poco claros y en muchos casos son sencillamente inexistentes. Igualmente ha faltado claridad en el manejo de las finanzas públicas. Esta falta de claridad de un gobierno que a casi todos deslumbra, ha permitido articular la reciente propaganda política de que en estos dos últimos años la pobreza se ha reducido en 6 puntos porcentuales. Tal afirmación no es congruente con otras variables macroeconómicas, como son el crecimiento del PIB y el empleo. Por el contrario, según el Banco Central, el PBI no ha crecido lo suficiente y los niveles de desempleo se han mantenido estables, cerca del 15% de la PEA. Estas incongruencias no nos permiten confiar en las cifras oficiales sobre pobreza y lamentablemente el Estado no ofrece suficientes datos para poder realizar cálculos confiables sobre este importante tema.

Solo la transparencia y la rendición de cuentas pueden dar legitimidad y sostenibilidad al ejercicio democrático del poder. La propaganda de imagen no tiene nada que ver con el principio democrático de la transparencia. Sin transparencia, la ciudadanía queda impedida de visualizar y comprender la naturaleza y dimensiones de ejecuciones gubernamentales y cómo estas afectan sus derechos. Tampoco permite percibir si los recursos públicos están siendo desviados a pocas manos. En fin, la falta de transparencia limita las posibilidades de enfrentar y resolver los problemas sociales más urgentes.

 

14 agosto 2014 |

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