Centros sociales de la Compañía de Jesús y la Red Jesuita con Migrantes reflexionan en el Día Internacional de los DDHH

Con motivo del día de los derechos humanos, los centros sociales de la Compañía de Jesús y la Red Jesuita con Migrantes — como obras sociales y educativas que son— desean compartir algunas reflexiones sobre el significado de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la opinión pública nacional.

Nos llaman la atención la fuerte polémica y la desinformación suscitadas en torno a esta visita. Lamentamos profundamente que muchas noticias publicitadas en los medios informativos y que incontables comentarios en las redes sociales confundan sistemáticamente el significado de esta misión en aspectos fundamentales que tocan al bien común, al respeto de la dignidad humana y a la salvaguarda de la reputación internacional del país.

La República Dominicana forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, dentro del mismo, la CIDH ocupa un lugar central, porque, como establece el artículo 106 de la Carta de la OEA, la CIDH tiene “como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. En cumplimento con su mandato, la CIDH investiga y observa la situación de los derechos fundamentales en los Estados miembro, y recomienda la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos. En consonancia, el artículo 74 de nuestra Constitución establece los principios de interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales y su numeral 3 no deja espacio a la duda: “3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Refiriéndose al sistema universal de los derechos humanos, el Papa Benedicto XVI, en su intervención del 18 de abril de 2008 en la Asamblea de Naciones Unidas afirmó lo siguiente: “Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o por el hombre. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción de la comunidad internacional y de sus instituciones, dando por sentado el respeto de los principios que están a la base del orden internacional, no tiene por qué ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía”.

Sobre este punto específicamente, hay amplios sectores que desinforman a la opinión pública, diciendo que la visita de la CIDH es un atentado contra la soberanía del país. Queremos hacer tres precisiones al respecto. Primeramente, la CIDH fue invitada por el gobierno dominicano a la visita in loco, con el objetivo de levantar testimonios sobre las consecuencias humanas de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.  En segundo lugar, esta es la octava visita que dicha institución hace al país, porque fue decisión soberana de la República Dominicana adoptar en 1948 la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, razón por la cual el país participó en la creación de la CIDH, en 1959; y bajo el mismo espíritu, diecinueve años más tarde, el 19 de abril de 1978, ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Durante todo este tiempo, la CIDH ha procesado peticiones y solicitudes de medidas cautelares de República Dominicana. En tercer lugar, desde el punto de vista ético-político, la noción de sobe ranía no se refiere originalmente al carácter intangible de las medidas de un Estado nación, sino al respeto del pueblo. Por eso, en la filosofía política moderna en que se inspira nuestro ordenamiento constitucional, el “Soberano” es el pueblo, no el aparato administrativo. Este pueblo debe estar bien informado para que pueda tomar sus decisiones con apego al bien común y respetando el Estado de derecho. Ningún poder del Estado está por encima de la Constitución que establece estos principios (art. 6).

La decisión de desnacionalizar retroactivamente a miles de dominicanos con padres extranjeros en situación irregular es un  problema de derechos fundamentales. El informe de la CIDH no ha hecho más que recordarlo. El pueblo dominicano debe de estar consciente de que no acceder a las recomendaciones de la CIDH el país se verá más interpelado internacionalmente de lo que ahora se encuentra. Como ha subrayado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, la solución debe ser dominicana y expresión de un pacto Estado-sociedad razonable y justo. Debemos exigir a los poderes públicos, especialmente al Poder Ejecutivo, que ayuden al ejercicio equilibrado de los poderes del Estado, para encontrar una solución institucional con vistas a restituir el derecho a la nacionalidad de los afectados por la sentencia 168-13.

Como parte de la confusión, se ha publicitado hasta el cansancio que estas medidas están orientadas a ordenar el flujo migratorio del país, especialmente el proveniente de Haití. Queremos repetir por enésima vez que este es otro problema, diferente, que debe de atenderse por otros medios, y siempre respetando los derechos humanos. En este punto, queremos expresar públicamente nuestro pesar y lamento por la confusión creada por el decreto 327-13 que establece el plan de regularización migratoria del país. Lamentamos que en este plan, con el párrafo del artículo 8, el Poder Ejecutivo mantenga la confusión generada en cuanto al derecho a la nacionalidad y la pretendida naturalización de personas nacidas en el país.

Las obras sociales de la Compañía de Jesús, y su red mundial que acompaña a los migrantes, reiteramos nuestro interés en colaborar con las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en un proceso que conduzca a robustecer el Estado de derecho y, a través de este, una garantía institucional de los derechos humanos en general, y de los más pobres y excluidos en particular. Como sacerdotes, religiosos y laicos de la Iglesia católica, entendemos, al igual que la Doctrina social de la Iglesia, que el respeto de los derechos humanos es la forma contemporánea de tratar a las personas como hijas e hijos del mismo Dios de misericordia revelado en Jesucristo, que dirige su mensaje “a todas las naciones”.

10 diciembre 2013 |

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