Centro Bonó dice que a nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad

Santo Domingo, 2 de septiembre de 2017. – En el Análisis de Coyuntura celebrado este sábado en el Centro Bonó, donde participaron representantes de diferentes instituciones y organizaciones sociales, se analizó la situación de miles de dominicanos y dominicanas a los cuales la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional negó su derecho a la nacionalidad impidiéndoles ejercer sus libertades civiles y políticas en el país.

Hace 4 años el Tribunal Constitucional de República Dominicana desconoció el fundamento de la Constitución: el respeto a la dignidad humana (art. 5), y desvinculó al Estado de su función esencial de proteger efectivamente los derechos de la persona (art. 8). La sentencia 168-13 en esencia confirió una estructura legal a las acciones administrativas que desde la Junta Central Electoral se venían ejecutando desde antes del 2007. Criterios como la ubicación geográfica, el color de la piel y apellidos cuya sonoridad evidenciaran origen extranjero fueron utilizados por esta instancia para estampar el sello “suspendido temporalmente” en actas de nacimiento de dominicanos y dominicanas. En tiempos donde la lucha por el respeto a los derechos humanos se ha convertido en un baluarte, esta sentencia hizo que los ojos del mundo se posaran en la República Dominicana por la situación de extrema gravedad a la que se sometía a miles de dominicanos y dominicanas.

Como se observó durante el Análisis de Coyuntura, cuatro años después siguen vigentes los efectos negativos de una sentencia que trató de borrar la historia, la vida y la dignidad de miles de dominicanos y dominicanas. En la actualidad sólo 12,098 personas han recuperado sus actas de nacimiento y cédulas de identidad, de las 55,000 que auditó la Junta Central Electoral. Así mismo, de las 78,770 personas nacidas en República Dominicana antes del 18 de abril de 2007 que pudieron haberse acogido a la Ley 169-14, que pretendía ser una solución definitiva a miles de dominicanos y dominicanas que no tenían acceso al registro civil que les correspondía, sólo 8,755 personas se inscribieron, lo que nos hace constatar el fracaso rotundo de dicha Ley. Los servicios de mala calidad, la falta de información, la implementación discrecional, así como una estrategia de bloqueo redujeron las posibilidades de los destinatarios de acceder con éxito al proceso marcado por la Ley 169-14.

La historia de los dominicanos y dominicanas afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, que desnacionalizó y negó el acceso a sus documentos de identidad a 133,770 personas, es un llamado a no dejar que se vulnere la democracia y la legalidad en República Dominicana, y es una muestra de resistencia de miles de dominicanos y dominicanas que defienden su patria y su nacionalidad contra el intento de despojarlos arbitrariamente de ese derecho fundamental. En palabras de Pedro Cano, vocero del Centro Bonó, “el Estado debe de buscar soluciones integrales para la reparación definitiva del daño causado, por una cuestión de justicia social y de resarcimiento moral, que les permita a estos dominicanos y dominicanas retomar sus vidas conforme al derecho y recuperar lo que es suyo, lo que se les había privado”.

3 septiembre 2017 |

Los comentarios están cerrados.