Centro Bonó considera Plan de Regularización Migratoria es una medida “histórica”

Panelistas del Evento

Santo Domingo, 1 de febrero 2o14. El Centro Bonó declaró hoy que la adopción del Decreto 327-13 de Plan de Regularización constituye una medida histórica en el país en el tema migratorio, luego de casi 10 años de que el artículo 151 de la Ley de Migración  de 2004 lo ordenase al Poder Ejecutivo.  Este decreto, sostuvo la organización,  llena un gran vacío normativo, pero a su vez genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.

El Bonó entiende que debe de reconocerse que el gobierno del presidente Danilo Medina ha realizado importantes avances en los últimos cuatro meses en materia migratoria, pues se ha reactivado el Consejo Nacional de Migración para hacer más participativa la toma de decisiones; se ha nombrado una directora para el Instituto Nacional de Migración cuyo perfil crea positivas expectativas; se ha retomado el diálogo con Haití en temas migratorios, comercio, medio ambiente y seguridad fronteriza; se ha dispuesto la visa de trabajador temporero conforme lo indica la Ley de Migración de 2004; y se ha ordenado la suspensión temporal de las deportaciones a los fines de generar un clima de confianza entre los migrantes que apliquen al plan de regularización.

“Sin embargo, la premura con que fue aprobado el Decreto de Plan de Regularización el 29 de noviembre de 2013, tres días antes de la visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejó poco margen de tiempo para comentarios y reformas enriquecedoras”, enfatizó el Centro durante su análisis de coyuntura de este sábado, dedicado a la  descripción crítica del Plan de Regularización puesto en vigencia por el Poder Ejecutivo.

En la actividad la dirección del Centro Bonó también señaló la existencia de incertidumbres sobre la aplicación del plan y sobre sus procedimientos. Dijo que, por ejemplo, un análisis del texto permite dudar si el plan es realista, transparente, accesible, y por tanto justo, y si será aplicado exclusivamente a extranjeros y no a nacionales, como los dominicanos y las dominicanas afectados por al sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Según la entidad de la  sociedad civil, a dos meses de su entrada en vigor, el Gobierno no ha informado los detalles de ejecución del mismo (lugares de recepción de aplicación, el modo de participación y los trámites de las instituciones públicas implicadas, el contenido y el acceso al formulario de aplicación, etc.), con vistas a generar mayor confianza:  “El proceso de aplicación, tramitación y decisión constituye una desafiante labor, dado el corto tiempo del plan (cerca de dos años) para regularizar la población meta entre los aproximadamente 524,632 inmigrantes que habitan en el país, según los datos oficiales estadísticos de 2012”.

 Costo, deportaciones y veeduría

Para el Centro Bonó, los costos y trámites de documentos que requieren actos notariales, certificaciones y legalizaciones de instituciones del Estado (tales como el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Procuraduría General, MEESYT, DGII) pueden generar una “discriminación indirecta” contra la población migrante más pobre. El Centro considera como “lamentable” la eliminación de la gratuidad que contemplaba el proyecto de Decreto, debido a que “ello aumenta las dudas sobre la aplicabilidad justa del plan”. La preocupación incluye la supuesta  indefinición de la categoría o estatus migratorio que se otorgarán a los migrantes que califiquen para el plan de regularización, pues no se indica en el Decreto. El Decreto se refiere únicamente al caso de niños no acompañados, a quienes se otorgará una residencia temporal. También al centro jesuita le preocupa la discrecionalidad para decidir aceptar o no la solicitud de regularización del migrante.

La Dirección del Bonó espera que se mantenga firme la disposición de no hacer deportaciones durante este proceso, y se continúe el diálogo con el gobierno de Haití en diversos temas implicados en la política migratoria. Entre estos temas destaca la dotación de documentación a sus nacionales, para que puedan aplicar al plan. En ese mismo orden, la reactivación anunciada de la Comisión Mixta Bilateral debe hacerse con firmeza y con la participación de la sociedad civil.

Centro Bonó anunció que seguirá defendiendo la participación de la sociedad civil organizada en la veeduría del plan de regularización y que la misma sea invitada sistemáticamente al diálogo para retroalimentar el desarrollo del proceso.

El Análisis de  Coyuntura sobre el Plan de Regularización Migratoria estuvo encabezado por el sociólogo Wilfredo Lozano, especialista en políticas migratorias y Paola Pelletier, encargada de incidencia del Centro Bonó.

1 febrero 2014 |

Los comentarios están cerrados.