Centro Bonó considera Estado debe asumir integralmente rol como garante de Seguridad Social

Penelistas del Análisis de Coyuntura

Santo Domingo, 7 de septiembre de 2013. El Centro Bonó ve con preocupación que pasados 12 años de la promulgación de la Ley 87-01 aún se encuentra fuera del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) el 46.1% del total de la población, a pesar de que la ley fijó un plazo no mayor a 10 años para la afiliación de toda la población a este sistema.

“El Estado ha sido incapaz de implementar el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que protege a los-as trabajadores-as por cuenta propia”, lo que según el Centro constituye una de las principales razones por las que cerca de la mitad de la población no tiene cobertura de seguro. “De acuerdo al Banco Central, el 55.7% de la población empleada labora en el mercado informal, y no existe ninguna protección para los-as empleados-as de este sector que no pueden cubrir planes individuales y están a expensas de la insuficiente cobertura del servicio público y el mercado,” apuntó el Centro.

De su lado, Francisca Jiménez, Secretaria de Seguridad Social de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) señaló que sí es posible, con voluntad política, integrar a los-as trabajadores/as informales al SDSS, lo que han podido demostrar a través de la implementación de la Asociación Mutual de Servicios Solidarios (AMUSSOL-CASC) de promoción y afiliación al SDSS.

“Esta experiencia pone de manifiesto que si el Estado adopta una política para poner en marcha el RCS, los-as trabajadores-as por cuenta propia tienen toda la disposición de contribuir con el financiamiento del SDSS” expresó el Bonó.

El Centro considera que la incapacidad del SDSS también se refleja en no haber logrado a la fecha la cobertura efectiva del Régimen Subsidiado (RS), que protege a trabajadores-as por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como desempleados-as, personas con discapacidad e indigentes.

“Según datos del CNSS, los-as afiliados-as al RS, a mayo del 2013, ascendieron a 2.385.581, mientras que la población en condición de pobreza monetaria alcanza los 3.891.771, lo que significa que todavía el 28.7% de la población empobrecida se encuentra fuera de la cobertura del Régimen Subsidiado.” Indicó el Centro.

Con respecto a esto, Miguel Ángel García, Coordinador Nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, señaló que actualmente no se garantiza el acceso efectivo de las personas con discapacidad a los servicios de salud, en especial a la atención especializada, intervenciones quirúrgicas y estudios de diagnostico, así como la entrega de medicamentos e insumos sanitarios a las personas con discapacidad de escasos recursos.

Con relación a las Unidades de Atención Primaria, el Centro Bonó considera que su universalización constituye una deuda pendiente del Sistema Nacional de Salud, ya que estas deberían ser la puerta de entrada a la red de servicios de salud y su enfoque preventivo y de fomento a la salud permitiría reducir los gastos de bolsillo en los que actualmente incurren muchas familias que acuden directamente a los Centros Especializados.

Por otra parte, el Centro Bonó considera alarmante el nivel de lucro con el que funcionan empresas y corporaciones que participan en la gestión administrativa y financiera del SDSS, que según la ley cobran comisiones permanentes equivalentes a un  0.5% del salario mensual cotizable y una comisión anual de un 30% de la rentabilidad de los fondos de los-as afiliados-as, lo que ha conllevado a que las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tengan utilidades cada vez más jugosas.

“Esto explica que en el primer semestre del año, según datos de la Superintendencia de Pensiones, las utilidades de las AFP llegaron a RD$2,617.2 millones, 130% más que en el mismo periodo del año anterior, en que registraron RD$1,137.9 millones, esto a pesar de los altos sueldos que pagan a sus Ejecutivos,” enfatizó el Bonó.

Para el Bonó el Estado debe asumir de manera integral su rol como garante del derecho a la seguridad social, lo que incluye acceso a servicios de salud de calidad y a una pensión digna, garantías que no deberían estar sujetas a las condiciones del mercado.

A propósito, Arismendi Díaz Santana, ex Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social, señaló que seis años después, las severas limitaciones estructurales con que nació el Seguro Familiar de Salud se han agravado. “No es posible desarrollar un nuevo modelo de atención a partir de la atención primaria, manteniendo intactas las reglas de juego del viejo modelo curativo, asistencial, costoso y excluyente.” Agregó que en materia de cobertura los grandes retos continúan siendo la afiliación de los trabajadores independientes que califican para el RCS; la inscripción de los trabajadores por cuenta propia de bajos ingresos en el RS, y el combate y reducción de la evasión y elusión.

El Centro Bonó exhorta al Estado a implementar el Sistema Dominicano Seguridad Social de forma integral, y a la población a que exija su derecho a un sistema de salud y seguridad social universal, equitativo y solidario como está contemplado en la Ley 87-01.

9 septiembre 2013 |

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