Vacante para Coordinador/a Nacional de Jóvenes

Nombre del puesto: Coordinación Nacional de Jóvenes.

Período de trabajo: Indefinido.

Horario de trabajo: Desde las 8:00 am. A 5:00 pm. de lunes a viernes (con algunas actividades de las noches y fin de semana).

Funciones del puesto: Coordinar la implementación de la estrategia nacional de jóvenes del Centro Bonó.

 

Descripción de tareas
Principales – Definir, actualizar, gestionar y evaluar la estrategia de trabajo con jóvenes a nivel nacional del Centro Bonó.

– Gestionar los procesos de acompañamiento y formación de jóvenes en los territorios en donde Centro Bonó realiza su trabajo.

– Acompañar espacios, organizaciones, movimientos, etc. de jóvenes para la promoción de su empoderamiento e involucramiento en los procesos sociales.

– Gestionar la ejecución de las acciones de los proyectos del Centro Bonó vinculados al trabajo con jóvenes.

 

Habilidades Intelectuales
Destacadas – Profesional del área de la sociología, derecho, comunicación o educación.
Excluyentes – Bajos niveles de experiencia en este tipo de trabajos.

 

Habilidades Laborales
Imprescindibles – Habilidades en la gestión de equipos de trabajo a distancia.

– Con alta sensibilidad y experiencia de trabajo social (nivel de compromiso).

– Facilidad para tratar con personal heterogéneo.

– Capacidad de gestionar procesos y proyectos.

– Facilidad de expresión de sus ideas, tanto oral como por escrito.

– Imaginación y creatividad para resolver problemas.

– Capacidad de organización y planificación del trabajo.

– Manejo de PC (word, excel y power point, básicamente).

– Capacidad para elaborar informes.

Excluyentes – Experiencia limitada en trabajo social.

 

Requerimientos Relevantes
Edad – A partir de los 25 años.
Sexo – Indiferente.
Educación Formal – Desde profesional universitario del área de la sociología, derecho, comunicación o educación hasta profesional con especialidad en el área.
Experiencia – Experiencia de más de un año en el puesto de trabajo social o promoción de los DDHH.

– Conocer la realidad de los jóvenes/realidad local y nacional, y capacidad de análisis de la misma; para facilitar la participación y el mejor logro de los objetivos institucionales.

– Haber tenido la oportunidad participativa en movimientos sociales.

Lugar de residencia – Santo Domingo, Jimaní, Santiago o Dajabón.

 

PARA INFORMACIÓN:

Los interesados/as deberán enviar su currículo vítae (de no más de 5 páginas) y una carta de presentación al correo electrónico proyectorsm@nullgmail.com, marioserrano@nulljesuits.net, epolanco@nullcefasa.org.do

El plazo establecido para la recepción de los CV es hasta el 30 de noviembre de 2017.

16 octubre 2017 |

Inseguridad ciudadana se convierte en principal preocupación para los dominicanos

Santo Domingo, 7 de octubre de 2017. En el Análisis de Coyuntura realizado este sábado en el Centro Bonó, donde participaron como panelistas Daniel Pou y Tahira Vargas, se abordó el tema de la inseguridad ciudadana como el problema más inquietante que afronta a día de hoy la ciudadanía en la República Dominicana. La falta de recursos orientados a mejorar la seguridad, los bajos niveles de respuesta y la debilidad institucional agravan esta situación entre la población.

La violencia en el país tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad, que hace referencia a los hechos concretos de violencia objetiva, y la percepción de inseguridad, relacionada con la sensación de temor generado por la violencia directa o indirectamente.

Según datos publicados por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República Dominicana, el 74.6% de las personas tiene como principal preocupación la delincuencia, seguido de la falta de un empleo digno con un 42.3% y la corrupción e impunidad con un 26.5%. La desconfianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son otro dato que revela el estudio: el 72.8% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en la Policía Nacional.

A estos factores se le suman otros elementos como: la percepción que tienen los ciudadanos de la impunidad, la falta de institucionalidad para atender los aspectos relacionados con la seguridad, la falta de confianza en las instituciones, entre otros. El estudio también expone que un 60.5% de los dominicanos no tiene confianza, o tienen poca confianza, en el sistema judicial del país. La falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones responsables en casos como los Tucano, los sobornos por parte de la empresa Odebrecht a funcionarios públicos y el escándalo de la OISOE, incrementan la percepción de inseguridad.

En palabras de los invitados al acto, una posible solución sería aplicar políticas orientadas a controlar la sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía, ya que estas también tienen efecto en la reducción de la percepción de inseguridad. Si la ciudadanía observa que existen mejores recursos orientados a elevar los niveles de seguridad, que la ciudad está más ordenada, y que han mejorado los niveles de respuesta, las personas se sienten más seguras y mejora su percepción.

Desde el Centro Bonó se hizo un llamado a fomentar las medidas orientadas a mejorar la organización ciudadana. Contar con una estructura social sólida hace que la gente se sienta más segura con prácticas basadas en la solidaridad y convivencia ciudadana entre vecinos. Según la institución, en estas instancias se generan importantes espacios de participación y compromiso ciudadano que permiten no sólo mejorar las posibilidades de afrontar la delincuencia, sino también disminuir los niveles de percepción de inseguridad.

8 octubre 2017 |

Centro Bonó dice que a nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad

Santo Domingo, 2 de septiembre de 2017. – En el Análisis de Coyuntura celebrado este sábado en el Centro Bonó, donde participaron representantes de diferentes instituciones y organizaciones sociales, se analizó la situación de miles de dominicanos y dominicanas a los cuales la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional negó su derecho a la nacionalidad impidiéndoles ejercer sus libertades civiles y políticas en el país.

Hace 4 años el Tribunal Constitucional de República Dominicana desconoció el fundamento de la Constitución: el respeto a la dignidad humana (art. 5), y desvinculó al Estado de su función esencial de proteger efectivamente los derechos de la persona (art. 8). La sentencia 168-13 en esencia confirió una estructura legal a las acciones administrativas que desde la Junta Central Electoral se venían ejecutando desde antes del 2007. Criterios como la ubicación geográfica, el color de la piel y apellidos cuya sonoridad evidenciaran origen extranjero fueron utilizados por esta instancia para estampar el sello “suspendido temporalmente” en actas de nacimiento de dominicanos y dominicanas. En tiempos donde la lucha por el respeto a los derechos humanos se ha convertido en un baluarte, esta sentencia hizo que los ojos del mundo se posaran en la República Dominicana por la situación de extrema gravedad a la que se sometía a miles de dominicanos y dominicanas.

Como se observó durante el Análisis de Coyuntura, cuatro años después siguen vigentes los efectos negativos de una sentencia que trató de borrar la historia, la vida y la dignidad de miles de dominicanos y dominicanas. En la actualidad sólo 12,098 personas han recuperado sus actas de nacimiento y cédulas de identidad, de las 55,000 que auditó la Junta Central Electoral. Así mismo, de las 78,770 personas nacidas en República Dominicana antes del 18 de abril de 2007 que pudieron haberse acogido a la Ley 169-14, que pretendía ser una solución definitiva a miles de dominicanos y dominicanas que no tenían acceso al registro civil que les correspondía, sólo 8,755 personas se inscribieron, lo que nos hace constatar el fracaso rotundo de dicha Ley. Los servicios de mala calidad, la falta de información, la implementación discrecional, así como una estrategia de bloqueo redujeron las posibilidades de los destinatarios de acceder con éxito al proceso marcado por la Ley 169-14.

La historia de los dominicanos y dominicanas afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, que desnacionalizó y negó el acceso a sus documentos de identidad a 133,770 personas, es un llamado a no dejar que se vulnere la democracia y la legalidad en República Dominicana, y es una muestra de resistencia de miles de dominicanos y dominicanas que defienden su patria y su nacionalidad contra el intento de despojarlos arbitrariamente de ese derecho fundamental. En palabras de Pedro Cano, vocero del Centro Bonó, “el Estado debe de buscar soluciones integrales para la reparación definitiva del daño causado, por una cuestión de justicia social y de resarcimiento moral, que les permita a estos dominicanos y dominicanas retomar sus vidas conforme al derecho y recuperar lo que es suyo, lo que se les había privado”.

3 septiembre 2017 |