Cientos de dirigentes sociales se concentrarán frente al Ministerio de Salud

Santo Domingo, D.N. 26 junio 2017. Cientos de representantes de las 34 organizaciones sociales que conforman la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) realizarán una parada cívica este miércoles 28 de junio al Ministerio de Salud para reclamar un cambio de política en el sector sanitario que incluya un adecuado presupuesto y mejor inversión, mejor planificación y uso de los recursos, mejoría sustancial de los servicios de prevención y atención en los hospitales y la terminación urgente de aquellos centros en proceso de reconstrucción desde hace tres años y medio.

La crisis del sistema de salud ha llegado a niveles alarmantes e insoportables frente a lo cual se impone un cambio de rumbo. La demanda de servicios que necesita la población ha desbordado la capacidad financiera y administrativa de los hospitales públicos, donde faltan medicamentos, laboratorios, equipos y otros insumos indispensables. El primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de salud no termina de ponerse en marcha de un modo eficiente. La rectoría de la política de salud y la ausencia de un plan decenal en el sector son, entre otros, temas inquietan a la sociedad, pues no hay claridad hacia qué rumbos se dirige la estrategia sanitaria del país.

Frente a esa situación las organizaciones agrupadas en la ADESA reclaman que la búsqueda de soluciones a la crisis de salud se convierta en una prioridad tanto para el Estado como para la población dominicana.

La visita de este miércoles a la sede del Ministerio de salud será una expresión de clamor público por el derecho a la salud, servirá para entregar a la máxima autoridad del sector un documento con las demandas y propuestas que han dado origen a la ADESA. Esa será la primera de una serie de acciones a fin de llamar la atención sobre la urgente necesidad de cambiar el modelo de salud.

La privatización creciente de los servicios de la salud y la creación del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y del Servicio Nacional de Salud no han resuelto el problema de fondo de la salud pública como derecho social. Para amplios sectores de base de la sociedad esto ha sido un fiasco, un engaño más a millones de personas de escasos recursos, que ahora tienen un carnet de afiliación pero menos acceso a los servicios a que por derecho les corresponden, según el artículo No. 61 de la Constitución de la República. Todo el mundo sabe que la cápita que el Estado aporta al seguro subsidiado de SENASA es una suma irrisoria y que la población se ve obligada a un gasto de bolsillo de más de 27 mil millones de pesos.

A 16 años de la referida reforma, más de siete millones de dominicanos y dominicanas están obligadas a recurrir a los hospitales públicos cuando se enferman, ya sea por carecer de un seguro médico o porque el que tienen es el subsidiado del SENASA, que no aceptan muchas clínicas ni médicos especialistas del sector privado. Quiere decir que el 70% de la población sufre en carne propia la crisis del sistema de salud que es peor que en el año 2001.

El otro 30% de la población, que dispone de un seguro contributivo cubierto por la clase trabajadora y sus patronos también es víctima de muchos engaños, que van desde el denominado copago hasta los altos precios de los medicamentos. El copago es ilegal y abusivo y no existe un ente rector que asuma con responsabilidad frenar este mecanismo de gasto de bolsillo que se le impone a los hogares.

En definitiva, son muchos los problemas del sector salud por cuyas soluciones estamos en el deber de luchar.

ADESA hace un llamado a la población y a sus organizaciones a respaldar la manifestación de este miércoles, a la diez de la mañana, frente al ministerio de Salud.

En la actividad estarán presentes delegaciones de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), de la Unión de Trabajadores Cañeros, la Articulación Nacional Campesina, Foro Ciudadano, el Centro Bono, el Instituto Nacional de Salud (INSALUD), el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), Fundación Solidaridad, el Bloque de Organizaciones del Sur, la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN), del Movimiento Campesino Dominicano (MCD) , EL Movimiento de Mujeres Dominio-haitianas MUDHA, el Movimiento Reconocido, la Acción de Organizaciones Comunitarias por el Progreso (ACOPRO), la Articulación de Organizaciones Juveniles, entre otras entidades.

26 Junio 2017 |

Ex Defensor del Pueblo de Perú, analiza en el país, la corrupción de Odebrecht y hace propuestas para enfrentarla

Santo Domingo, 22 de junio de 2017. Con la participación de cientos de organizaciones sociales y comunitarias, redes e instituciones de la sociedad civil, en la Biblioteca Pedro Mir de la UASD, tuvo lugar una conferencia magistral sobre el modelo de corrupción de la Constructora Odebrecht y la pertinencia de propuestas para detener la corrupción. La conferencia fue dictada por el Dr. Eduardo Vega Luna, ex Defensor del Pueblo del Perú, quien presidió la Comisión Presidencial de Integridad que elaboró recomendaciones al presidente del Perú, Pedro Kuczynski.

“Detener la corrupción es la gran batalla de este tiempo, y para ello se hace imperativo la adopción de medidas para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción” señaló el Dr. Vega Luna.

En la Conferencia se plantearon una serie de medidas que se deben adoptar para instaurar la máxima transparencia en el Estado, incluyendo fortalecer el servicio civil, la integridad y la ética del sector público; eliminar las prácticas y la cultura que propician el tráfico de influencias, obligando a los funcionarios a la declaración pública no solo del patrimonio sino también de sus intereses y los de sus relacionados, e impedir el ingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos.

El Dr. Vega indicó que es importante transparentar el sistema de contrataciones del Estado, haciendo público todo lo que tenga que ver con los contratos que celebra el Estado, los procesos de licitación, negociación, cubicación, pagos, etc. Y adoptar medidas extraordinarias para evitar la corrupción en las obras de infraestructura, fortalecer la autonomía político-administrativa de los organismos reguladores, así como promover la denuncia y proteger al denunciante de actos de corrupción.

“Una de las medidas más relevantes tiene que ver con reformar y fortalecer el sistema de justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción. Los países que no cuentan con un poder judicial independiente, profesionalmente calificado e idóneo, y comprometido con la ética, difícilmente pueden vencer la batalla contra la corrupción” señaló el conferencista.

Roque Féliz, vocero de los convocantes, indicó que un asunto que se hace imperativo en la lucha contra la corrupción es la reforma del sistema político. “Es necesario reformar las leyes que regulan los partidos políticos y los regímenes electorales, a fin de evitar la falta de democracia interna en los partidos, el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales, y el uso abusivo de los medios de comunicación”. También se hace necesario fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado, limitar la inmunidad parlamentaria en los casos de corrupción, combatir el lavado de activos fortaleciendo las facultades de las unidades de inteligencia financiera del Estado y promover la integridad en el sector privado.

Estas reflexiones y propuestas fueron analizadas y discutidas en el marco de la Conferencia, la cual fue organizada por el Centro Bonó, Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD y el grupo MASADA.

23 Junio 2017 |

SE CONSTITUYE “BLOQUE DE ASOCIACIONES DEL COMERCIO Y TRANSPORTE FRONTERIZO” PARA LA DEFENSA DEL COMERCIO EN LA FRONTERA

Santo Domingo, 21 de junio de 2017. Las organizaciones de comerciantes y transportistas de las provincias de Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimaní se reunieron en Santo Domingo, en el Centro Bonó, para trabajar por defender, proteger y desarrollar el comercio transfronterizo. Para ello se constituyeron en un Bloque de Asociaciones de Comerciantes y Transportistas que pretende generar espacios de dialogo con las autoridades competentes para que se solucionen las problemáticas y la supuesta “veda” que mantiene paralizados los intercambios comerciales.

La falta de reglas claras, espacios de dialogo entre los gobiernos de ambos países, un estamento regulador en el orden jurídico, fiscal, en el sistema de transporte, en las relaciones de compraventa y en la logística de los mercados, son factores que se traducen en elementos que distorsionan la funcionalidad y desarrollo de los mercados fronterizos entre Rep. Dominicana y Haití. De forma directa, esta situación afecta al sector comercial, tanto dominicano como haitiano, que asiste a los mercados y que nunca sabe qué nuevo incidente paralizara o pondrá trabas a su mercancía.

El clima de inestabilidad y la desregulación de los principales puertos comerciales terrestres de República Dominicana en sus relaciones con Haití, se ve afectado por no tener establecidas unas medidas tendentes a asegurar su buen funcionamiento. Debemos de recordar que por los 14 mercados fronterizos terrestres se produce un beneficio económico indirecto para miles de familias en todo el país y de forma directa repercute en una población de 211,160 habitantes, en los municipios de las provincias de Dajabón, Elías Piña, Jimani y Pedernales, que presentan los mayores índices de pobreza de la República Dominicana.

Por este motivo, desde el recién constituido Bloque de Asociaciones de Comerciantes y Transportistas Fronterizos se pide de manera urgente la apertura de un espacio de dialogo binacional que rompa la “veda” creada en el intercambio comercial, se incorporen al mismo a los agentes comerciales y del transporte que operan en la frontera y se busquen soluciones conjuntas a las diferentes problemáticas. Para ello, todos los actores constituidos en el Bloque están dispuestos a luchar y defender el comercio fronterizo, del cual dependen miles de familias en todo el país, para crear un clima de respeto a las relaciones económicas, sociales, culturales y de comercio que cotidianamente se generan entre los habitantes residentes a ambos lados de la frontera.

21 Junio 2017 |