Alertan sobre el peligro de desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Santo Domingo, 7 de octubre 2014.- En un Panel Académico realizado el pasado 2 de octubre en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, la Comisión Latinoamericana de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado (COLADIC-RD) y el Centro Bonó, alertaron sobre las graves consecuencias que acarrearía al país una eventual declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte IDH, depositado por el Estado dominicano en la Secretaría de la OEA el 25 de marzo de 1999.

Durante el transcurso del panel Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, desestimó los méritos de una acción directa en inconstitucionalidad depositada ante la por un grupo de abogados ante la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, que persigue se declare inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH para dirimir presuntas violaciones por parte del Estado dominicano de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos para las personas que se encuentran en su territorio.

De su lado, Roberto Álvarez, ex embajador de la República Dominicana ante la OEA, esbozó lo que en derecho se conoce como doctrina de los actos propios o “estoppel”, según la cual quien solicita una medida debe tener una conciencia limpia, y si ha dicho o actuado de una manera que ha inducido a la otra parte a creer en su conducta, existen motivos para confiar en su palabra o conducta, y por ende los tribunales gozan de discreción para negar la medida solicitada.

En ese sentido, el Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán aseguró que todos los poderes públicos del Estado dominicano, incluido el propio Tribunal Constitucional, han reconocido de manera directa o indirecta la competencia contenciosa y el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual no resulta posible pretender ahora desconocer su validez sin comprometer la responsabilidad internacional del país.

Finalmente, la Lic. Raimy Reyes, presidenta de COLADIC-RD, explicó los argumentos sobre los que se sustenta un escrito de amicus curiae que depositaron el mes de septiembre ante el Tribunal Constitucional para defender la constitucionalidad del instrumento mediante el cual la República Dominicana aceptó la competencia de la Corte IDH.

7 octubre 2014 |

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