Está finalizando una campaña electoral extremadamente costosa, iniciada a destiempo, violentando la ley y derrochando recursos que deberían estar destinados al logro de una vida digna para todos los dominicanos y las dominicanas.
Si bien las propuestas de los partidos han sido presentadas de manera más oportuna y han tenido mayor divulgación que en procesos electorales anteriores, las mismas han contribuido poco a la calidad del debate. Entre la gran mayoría de la alta dirigencia política, sigue predominando el insulto y la campaña negativa o sucia, sustentada en acusaciones y defensas de actos claramente bochornosos.
La JCE ha continuado el fortalecimiento de los aspectos técnicos y organizativos de las votaciones iniciado hace más de una década, pero no ha ejercido las atribuciones que le otorga la Constitución y la Ley Electoral para reglamentar la campaña en lo relacionado con su duración, transparencia en el financiamiento y el principio de equidad que debe regir la misma. Y en lugar de asumir dichas atribuciones, en este proceso electoral ha obstaculizado la observación ciudadana de las elecciones.










