Migrantes venezolanos piden al gobierno dominicano alternativas viables para regularizarse

Este lunes un grupo de migrantes que conforman el voluntariado de la diáspora venezolana en la República Dominicana, hicieron un llamado al Gobierno dominicano, para evaluar alternativas viables, realistas y solidarias para los venezolanos en situación migratoria irregular, que deseen establecerse de manera formal en el país.

Durante la lectura de una “Carta Abierta” expresaron su agradecimiento a la sociedad dominicana por el amable y solidario recibimiento que les han dado: “La mayor parte de los venezolanos que hemos llegado al país, venimos con deseo de aportar al desarrollo de esta hermosa tierra. Cuenten con nuestro compromiso de ser una comunidad creativa, emprendedora y que lucha con ustedes día a día para que la República Dominicana sea un mejor país” cita el texto.

Durante la lectura del comunicado explican que esta migración proviene de la mayor crisis económica, política y social que ha vivido su país; “hemos salido de Venezuela en masas sin ser un país con historial y cultura migratoria; la crisis alimentaria y los altos niveles de escasez de alimentos que superan el 80%, la crisis de salud donde 8 de cada 10 medicinas no se encuentran en el mercado, incidiendo en el aumento de la mortalidad infantil en 30% y materna en 69%, una inflación oficial del 700% y un salario mínimo que apenas representa el 20% de la Canasta Básica.

“La ingobernabilidad en Venezuela afecta las condiciones normales de evolución de la vida y el desarrollo de nosotros como ciudadanos”, destaca la misiva pública. Según cifras del Banco Mundial, alrededor de 19 mil venezolanos han elegido a la República Dominicana como destino para refugiarse de la devastadora crisis que afecta Venezuela; por los fuertes lazos históricos y culturales que los hermanan. Familias dominicanas también han solicitado apoyo al gobierno para retornar voluntariamente y otorgar la ciudadanía dominicana a sus familiares nacidos en Venezuela.

“Todas las condiciones políticas, económicas y sociales de nuestro país nos convierten en ciudadanos calificados para el estatus de ‘refugio’, según lo establece el Estatuto de la Convención de Ginebra sobre refugiados. Queremos exponer nuestro firme deseo de regularizar nuestra situación migratoria, y muy respetuosamente extendemos un llamado al estado dominicano para evaluar alternativas viables, realistas y solidarias para los venezolanos en situación migratoria irregular, que deseen establecerse de manera formal en el país”, agrega el texto.

Resaltaron que otros Estados de la región ya han implementado mecanismos de regularización por razones humanitarias incluyendo iniciativas como el Permiso Temporal de Permanencia. “Nuestra condición de refugiado, exiliado o migración voluntaria no es más que la aspiración legítima de una vida en armonía, progreso y convivencia pacífica. Como Diáspora Venezolana en proceso de conformación, deseamos complementar el trabajo que ya realizan otras organizaciones pioneras en el país en el esfuerzo de convocar y organizar a los paisanos en la República Dominicana. La razón de ser de la Diáspora Venezolana es acompañar a la población migrante en su proceso de adaptación, reconocimiento y plena integración a la sociedad dominicana”, señala la misiva.

AQUÍ EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA:

CARTA ABIERTA A LA REPUBLICA DOMINICANA

Nosotros, ciudadanos migrantes que conformamos la diáspora venezolana en la República Dominicana, nos dirigimos respetuosamente a las instituciones del Estado, organizaciones multilaterales y no gubernamentales que defienden los derechos humanos, a la opinión pública en general y en especial a nuestros hermanos dominicanos; con el propósito de sensibilizar sobre nuestra situación como extranjeros en la patria de Duarte, Sánchez y Mella.

Ante todo agradecemos a la sociedad dominicana su amable y solidario recibimiento. Queremos expresar que hemos llegado a este país con deseo de aportar al desarrollo económico y social de esta hermosa tierra.

Considerando que nuestra migración es consecuencia de la mayor crisis económica, política y social en la historia contemporánea de Venezuela; hemos decidido por primera vez optar por la migración y buscar nuevos horizontes para huir de las calamidades que nos azotan.

  1. Inseguridad: En la actualidad 92 de cada 100 mil habitantes fallecen en manos del hampa. Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, en los últimos 18 años han ocurrido más de 270 mil homicidios. Entre el ranking de las 10 ciudades más peligrosas de América, cuatro están en Venezuela, según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
  2. Crisis Alimentaria: los niveles de escasez de alimentos superan el 80%, el 25% de la población infantil sufre desnutrición aguda y el 28% está en riesgo de padecerla, según la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
  3. Crisis de Salud: La Federación Farmacéutica Venezolana ha informado que 8 de cada 10 medicinas no se encuentran en el mercado, incidiendo en el aumento de la mortalidad infantil en 30% y materna en 69%.
  4. Crisis Económica: enfrentando una inflación oficial del 700% y un salario mínimo que apenas representa el 20% de la Canasta Básica.
  5. Conflicto Político: Existen evidentes violaciones a los derechos humanos más elementales, persecución política, detenciones y allanamientos a residencias familiares sin orden judicial, desacatos de liberación por orden judicial y civiles juzgados en tribunales militares. Amnistía Internacional (2017) concluye: “…el uso abusivo y arbitrario del derecho penal como mecanismo para detener y procesar personas que tienen opiniones críticas a las políticas adoptadas por el gobierno venezolano”.

La ingobernabilidad afecta las condiciones normales de evolución de la vida y el desarrollo del país. Según cifras del Banco Mundial, alrededor de 19 mil venezolanos han elegido a la República Dominicana como destino, por los fuertes lazos históricos y culturales que nos hermanan. Familias dominicanas han solicitado apoyo al gobierno para retornar voluntariamente y otorgar la ciudadanía a sus familiares nacidos en Venezuela.

Todas las condiciones políticas, económicas y sociales antes expuestas nos convierten en ciudadanos calificados para el estatus de “refugio”, según lo establece el Estatuto de la Convención de Ginebra sobre refugiados. Queremos exponer nuestro firme deseo de regularizar nuestra situación migratoria, y muy respetuosamente extendemos un llamado al estado dominicano para evaluar alternativas viables, realistas y solidarias para la inmensa cantidad de venezolanos en situación migratoria irregular, que deseen establecerse de manera formal en el país, y que otros Estados de la región ya han implementado por razones humanitarias, incluyendo iniciativas como el Permiso Temporal de Permanencia y/o la “ventanilla única” que permita hacer los trámites de visado y residencia en República Dominicana, sin necesidad de ir a Venezuela.

Nuestra condición de refugiado, exiliado o migración voluntaria no es más que la aspiración legítima de una vida en armonía, progreso y convivencia pacífica.

Como Diáspora Venezolana en proceso de conformación, deseamos complementar el trabajo que ya realizan otras organizaciones pioneras en el país en el esfuerzo de convocar y organizar a los paisanos en la República Dominicana. La razón de ser de la Diáspora Venezolana es acompañar a la población migrante en su proceso de adaptación, reconocimiento y plena integración a la sociedad dominicana.

Finalmente, nos comprometemos a ser una comunidad creativa y emprendedora que luche de la mano con el pueblo para que la República Dominicana sea un mejor país.

Muchas gracias.

8 Agosto 2017 |

Centro Bonó exige mayor coherencia entre la ejecución financiera y el gasto en los programas sociales priorizados

Santo Domingo, 7 agosto 2017. El Centro Bonó, en su acostumbrado análisis de coyuntura de cada mes, el pasado sábado analizó la ejecución presupuestaria de medio término, y reconoció que en el periodo enero-junio 2017 hubo avances en la recaudación tributaria correspondiente a dicho periodo, a la vez que expresó preocupación por la persistencia de grandes brechas entre la ejecución financiera y la realización física de las actividades, productos y servicios presupuestados; motivo por el cual demanda del Gobierno Central mayor compromiso y coherencia con la ejecución del gasto en los programas sociales priorizados, muchos de los cuales se encuentran con muy bajos niveles de ejecución.

Roque Féliz, vocero del Bonó, exigió que las autoridades pongan mayor empeño en mejorar la calidad del gasto social, pues en el Informe de medio término nueva vez se pone de manifiesto la ejecución rezagada de los bienes y servicios presupuestados.

Al respecto, el vocero indicó: “Más allá de la ejecución financiera debemos prestar atención a la ejecución física del presupuesto, especialmente de los programas sociales priorizados. De 37 programas priorizados en el 2017 más de la mitad están sub ejecutados y cerca de un tercio tienen una ejecución pírrica. Tal es el caso del programa de salud materna infantil con un presupuesto aprobado de RD$100 millones y con una ejecución de apenas 300 mil pesos en el semestre. Lo mismo pasa con los programas de prevención y control de enfermedades crónicas, de vigilancia epidemiológica, de control de tuberculosis, y de salud mental, todos sub ejecutados. Lo que más indignación provoca es lo que ocurre con el programa de reducción de la pobreza extrema, el cual tiene RD$200 millones presupuestados y apenas ha gastado 100 mil pesos en el semestre.”

Estas declaraciones son ofrecidas a partir del análisis de coyuntura que el Centro Bonó realiza el primer sábado de cada mes. En esta ocasión, el análisis tuvo como invitados a José Rijo Presbot y a Rafael Jovine, expertos en análisis financiero y presupuestario, respectivamente.

Rijo Presbot analizó la ejecución presupuestaria, resaltando que en el primer semestre el déficit presupuestario fue de RD$19 mil millones, equivalente al 0.5% del PIB y menor que la proyección presupuestada. Los ingresos fiscales del período fueron de RD$273 mil millones, ligeramente mayor a proyectado, y el total del gastos devengados fue de RD$292 mil millones.

“Pero lo que más llama la atención en la ejecución presupuestaria del primer semestre, es que, a pesar de este nivel de déficit, al 30 de junio la deuda flotante alcanza un monto de RD$37 mil millones, es decir, más del 1% del PIB; y que por otro lado, de un total de 2,644 actividades presupuestadas, el 53%, o sea 1,414 actividades, no registran ni un peso de ejecución en los primeros 6 meses,” indicó Rijo.

Comparado con la ejecución de igual período en 2016, este año los gastos corrientes se incrementaron en 4%, mientras que los gastos de capital cayeron en 1%; siendo significativa la reducción en la inversión real directa con un 12% menos, mientras que las transferencias de capital aumentaron un 16%. “Éste incremento se debe a los RD$11 mil 482 millones transferidos a la CDEEE para el pago a Odebrecht y sus asociados en Punta Catalina”.

Rafael Jovine señaló que aunque la ejecución financiera es considerablemente alta en la mayoría de las instituciones, los reportes de ejecución física indican pobres desempeños en la producción de bienes y servicios. Este expresó que “el 80 % de las instituciones principales del gobierno central, incluyendo poderes del Estado y ministerios, presentan atrasos importantes en la producción de bienes y servicios a la población.”

En efecto, en el año 2016, mientras la ejecución financiera rondó el 94%, la ejecución física fue tan solo del 53%. En lo que va del año 2017, apenas se reporta una ejecución de bienes y servicios públicos en 3 de los 22 ministerios, quedando pendiente el resto de la administración pública.

En la actividad participaron decenas de organizaciones de base comunitaria, líderes de base y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos humanos, económicos y sociales, y de los movimientos cívicos que luchan por la transparencia y por el fin de la corrupción y la impunidad.

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Con relación al mismo periodo de 2016, los impuestos se incrementaron en un 12%, pasando de RD$225 mil millones a RD$252 mil millones. A la cabeza de éstos la mayor aportación la hacen nuevamente los impuestos indirectos, el ITBIS con un 33% del total y los Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) con un 19%, le siguen el Impuesto sobre la Renta (ISR) un 20% del ISR de las empresas y un 9% del ISR de las personas físicas.

Asimismo, también crecieron las fuentes financieras y el pago de capital de la deuda pública. Las fuentes de financiamiento alcanzaron a RD$150 mil millones. Y el pago de capital de la deuda del sector público no financiero (SPNF) llegó a RD$48 mil millones en el período, lo que representa un 59% de la ejecución presupuestada para el año. Para el servicio de la deuda en el semestre han sido amortizados RD$104 mil millones de pesos, equivalente al 40% de los impuestos recaudados, al 31% del total general de gastos y al 2.9% del PIB.

“Con este ritmo de endeudamiento y servicio de la deuda pública el crecimiento de largo plazo es frágil e insostenible. Por eso, fiscalmente urge que el país concerté un pacto fiscal y una ley de responsabilidad fiscal que establezcan reglas fiscales razonables, equitativas y transparentes. Asimismo debe adoptar políticas comerciales sensatas, que reduzcan las importaciones innecesarias y promuevan con eficacia las exportaciones de bienes, principalmente de aquéllos con alto valor agregado”, indicó Féliz.

“En este contexto, vuelve hacerse necesario plantear la necesidad de una reforma fiscal integral, una que se armonice con las metas de desarrollo económico y social que el país se ha planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, para lo cual el gobierno tiene que recuperar la confianza fiscal que ha perdido por la falta de transparencia en el gasto, por la corrupción que permea una parte importante de la administración pública. No son convenientes ni oportunos los parches tributarios que se han venido proponiendo, como ocurrió recientemente con el impuesto a los usuarios de servicios de datas y telefonía para financiar el 911 o el propuesto para desincentivar el consumo de bebidas gaseosas. Urge un compromiso responsable para replantear los desafíos de un pacto fiscal más equitativo, razonable y justo”, indicó el vocero del Bonó.

7 Agosto 2017 |

Extensión de un año a los permisos migratorios reto para afrontar con justicia y eficiencia el desafío de la gestión migratoria

Desde los Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana, entendemos que la extensión de un año a la vigencia de los permisos de regularización supone una nueva oportunidad para corregir los errores pasados y avanzar hacia el fortalecimiento del marco institucional dentro del cual se desarrolla la política migratoria en nuestro país. Al hacer un balance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) se debe reconocer que éste ha cumplido parcialmente sus objetivos, pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes. Por este motivo, insistimos en el hecho de que la prórroga de renovación dada por el Consejo Nacional de Migración tiene que venir acompañada de un proceso claro y que elimine las trabas y debilidades que incidieron de manera negativa en el PNRE, y que hicieron menos posible su calificación de éxito rotundo. Estas trabas y dificultades deberán ser corregidas en los meses venideros, con el reglamento que la Dirección General de Migración deberá elaborar.

Al Plan de Regularización se inscribieron 288,466 personas de los 524,632 extranjeros que había en el país según los datos de ENI 2012. De ellos, solo 242,404 consiguieron regularizar su estatus migratorio, y solo 8,915 personas pudieron completar su expediente con todos los requisitos exigidos en el Plan (apenas el 3.09%). Estos datos nos hacen ver que los requisitos pedidos para la regularización migratoria no eran factibles para la gran mayoría de los extranjeros que residen y aportan su mano de obra en el país. La falta de información a la población inmigrante, la gran cantidad de documentos que se les solicitaba (referencias comerciales con RNC, contrato de alquiler de vivienda, certificación de nómina expedida por el Ministerio de Trabajo, cuenta bancaria, actos notariales, etc), el alto costo de los mismos y la dificultad para poder obtener algunos de ellos, junto con los escasos niveles de colaboración entre las administraciones públicas y las trabas administrativas, hicieron que gran parte de los objetivos que se perseguían con el Plan de Regularización quedaran sin conseguir. Es importante resaltar en este punto que el 15% de las personas que se inscribieron en el Plan (43,119) no tenían un documento de identidad, por lo que se hace preciso instar al Gobierno de Haití a documentar a sus nacionales para que puedan acogerse a los procesos y garantizar su bienestar. Mantener las situaciones anteriormente expuestas en este próximo proceso de renovación de los permisos podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos cuatro años.

Desde los primeros meses de este año 2017 hemos visto un gran incremento en la detención y deportación de la población inmigrante en el país, y constatamos nuevamente que no se están desarrollando pautas para la eficacia del derecho fundamental a un debido proceso en el marco de las deportaciones. Como consecuencia, permanecen aún algunas discrecionalidades y arbitrariedades en estas situaciones. Por este motivo consideramos que el procedimiento con relación a los procesos de deportación debe ser complementado con las siguientes pautas: cada persona sujeta a deportación debe tener un expediente individual, todo elemento procedimental ha de ser agotado de manera igualmente individualizada, evitar la separación de familias nucleares, adoptar medidas concretas para hacer acompañar a los expulsados de sus efectos personales, que la entrega de la persona a las autoridades del Estado de origen sea en condiciones que no afecten su dignidad e instar al Gobierno de Haití a que ejerza su función consular y preste asistencia humanitaria a las personas deportadas para lograr la reinserción en su lugar de origen.

Los datos objetivos de la realidad migratoria del país y de los logros alcanzados hasta el momento en la regularización de las personas extranjeras, nos demuestran que se hace necesario reactivar y fortalecer los canales de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, para introducir mejoras en la normativa y promover que la misma se convierta en un instrumento más eficaz y humano. Igualmente, queremos hacer un llamado a las autoridades de República Dominicana para evitar la instrumentalización del tema migratorio como un arma de demagogia política, ya que la manipulación de este tema afecta los derechos y la dignidad de las personas migrantes y daña las dinámicas sociales, comerciales, y culturales entre Haití y República Dominicana. Por este motivo, instamos al gobierno y las autoridades dominicanas a volver a las líneas básicas de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece la necesidad de estructurar un modelo de gestión de las migraciones que parta de una visión del desarrollo conforme al interés general y que integre además la perspectiva de derechos humanos.

3 Agosto 2017 |

MERCADOS FRONTERIZOS SON MOTOR ECONÓMICO PARA MÁS DE 31,738 HOGARES POBRES EN LA FRONTERA

Santo Domingo, 1 de julio de 2017. En el análisis de coyuntura celebrado este sábado en el Centro Bonó, se abordó el tema de las relaciones comerciales entre Haití y República Dominicana a través de los mercados fronterizos, que se han convertido en el motor económico para más de 211,160 habitantes y miles de familias en todo el país, contrarrestando la falta de inversión pública en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Estas provincias, que están sufriendo una falta de protección por parte del Gobierno de República Dominicana, ven salvada su situación gracias a los mercados fronterizos binacionales y en general a través del comercio con Haití que se ha convertido en un instrumento que contribuye a reactivar la producción. El mercado de Haití y en especial los mercados fronterizos representan un importante destino para los productores dominicanos y los habitantes de la frontera. Las relaciones de intercambio comercial en los mercados binacionales y fronterizos con Haití son un factor que de manera significativa permite la reducción del nivel de desempleo en los municipios y provincias fronterizas dominicanas y en las comunas fronterizas haitianas. Según Sócrates Méndez, Coordinador de los Comerciantes de la Provincia Independencia, “las relaciones comerciales binacionales son las que están dando sentido al mercado laboral local”.

Como se observó durante el análisis de coyuntura, el clima de inestabilidad y la desregulación de los principales puertos comerciales terrestres de República Dominicana en sus relaciones con Haití, se producen por no tener establecidas unas medidas tendentes a asegurar su buen funcionamiento. La falta de reglas claras, espacios de diálogo entre los gobiernos de ambos países, un estamento regulador en el orden jurídico, fiscal, en el sistema de transporte, en las relaciones de compraventa y en la logística de los mercados, son factores que se traducen en elementos que distorsionan la funcionalidad y desarrollo de los mismos.

Por este motivo, una de las conclusiones desprendidas del acto y en la que coincidieron todos los asistentes es la necesidad urgente de abrir un espacio de dialogo binacional que rompa la “veda” creada en el intercambio comercial, en el que se incorporen al mismo a los agentes comerciales y del transporte local que operan en la frontera y se busquen soluciones conjuntas a las diferentes problemáticas que afectan al buen funcionamiento de unos mercados que son de vital importancia para todo el país.

2 Julio 2017 |